En 2006, y por decreto, la provincia de Salta aprobó un contrato marco en el que se encomendó a la empresa Plumada S.A. el depósito, archivo, digitalización, custodia y logística de documentación.

Un año después, la entonces ministra de Educación aceptó digitalizar el patrimonio bibliográfico y documental del Complejo de Bibliotecas y Archivo provincial, por pedido del coordinador de esa área. En la solicitud también figuraba una propuesta técnica y económica formulada por la misma empresa que firmó el contrato de 2006, Plumada S.A.

La Auditoría General de Salta analizó la primera etapa del Proyecto Biblioteca Digital-septiembre 2007, que se llamó Digitalización de Fondos y Colecciones, y detectó que “el servicio de digitalización del patrimonio encomendado a Plumada, no tiene encuadre en el contrato marco de 2006 y, para la selección del prestador, debió haberse aplicado alguno de los procedimientos establecidos en el sistema de contrataciones” de la provincia, es decir, convocado a una licitación.

Según la investigación, aprobada en marzo de este año, la titular de Educación entendió que “no resultaba necesario realizar una nueva contratación”, apoyada en un dictamen favorable del Ministerio de Hacienda, que señalaba la “factibilidad de encuadrar la digitalización dentro del contrato marco”. Sin embargo, ese dictamen también incluía un informe de otro funcionario de Hacienda que afirmaba que, si bien el contrato marco preveía el escaneo de documentos, “no se especificaba la digitalización de libros”.

Es decir, el alcance del convenio fue ampliado pese a que la Auditoría descubrió que “no existen constancias de que se hayan realizado modificaciones al contrato marco, y la digitalización no se encuentra dentro de los contenidos de dicho convenio, más aún, está expresamente excluida del mismo”.

En números

La ampliación del alcance del contrato marco implicó algo más que sumarle trabajo a Plumada. Es que el convenio de 2006 entendía la digitalización como un “servicio de valor agregado” y, sin especificar qué clase de documento había que escanear (libros, expedientes o imágenes), ponía un valor de 10 centavos más IVA por carilla digitalizada. Mientras que la propuesta de la empresa, aprobada por el Ministerio de Educación, consistía en hacer 21.228.980 de imágenes, a 43 centavos más IVA cada una (es decir $ 0,5203), lo que sumaba $ 11.045.438,29.

El organismo de control dice que este aumento aparece en una nota del 30 de noviembre de 2007 dirigida al secretario de Gestión Administrativa y firmada por el apoderado de Plumada y la ministra de Educación. En ese texto se lee: “teniendo en cuenta que el costo acordado por imagen es de $ 0,43 más IVA”, etcétera. Pero el informe destaca que “no se especifica en dicha expresión (la nota), ni tampoco se pudo observar en qué instrumento escrito se deja pauta del mencionado acuerdo, que incrementa el valor de cada imagen en un 330% respecto a lo especificado en el contrato marco”.

Es más, tampoco se encontraron “condiciones ni especificaciones técnicas” que justifiquen el aumento, “excepto por la oferta de Plumada y la nota de mejora de precio del 30/11/2007”, firmada por la propia empresa.

Por otra parte, si bien fue la titular de la cartera educativa quien aceptó la propuesta de Plumada, mediante resolución ministerial 5663/07, la Auditoría observó que “el departamento de contrataciones del Ministerio de Educación no tuvo intervención alguna” en una decisión que, además, “no definía cuál parte del patrimonio bibliográfico era la que se iba a digitalizar, ni la cantidad, ni los plazos, ni el importe a erogarse por cada imagen”.

Ante este panorama, el organismo de control salteño se abstuvo de emitir una opinión en cuanto a la ejecución de las tareas de digitalización realizadas en 2007. ¿Por qué?, según el informe, la “ausencia de documentación” no permitió saber si lo hecho por Plumada correspondía al objeto de investigación de la auditoría, es decir el Proyecto Biblioteca Digital y, en consecuencia, si había relación con el anticipo de fondos de $ 3.313.631,49 realizado el 6 de diciembre de ese año, o bien si tenía que ver con el convenio marco firmado un año antes.