Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Ley 22.428 de Fomento a la Conservación de los Suelos no tiene presupuesto desde 1989. Se trata de una norma sancionada el 16 de marzo de 1981 destinada a que tanto la Nación como las Provincias pusieran en marcha acciones para recuperar y mantener la capacidad productiva de las tierras del país.

El organismo de control afirma que la Dirección de Conservación de Suelo y Lucha Contra la Desertificación (DCSyLCD) no tiene expedientes ni documentación sistematizada sobre el avance de los programas que se destinaron a la materia. “Ninguno de los proyectos alcanzó sus objetivos formalmente”, amplía la AGN y explica que los planes tenían metas difusas, amplitud desmedida, o bien les faltaba la especificación de plazos e indicadores a cumplir.

Así, “se impone el juicio desfavorable (sobre la labor de la DCSyLCD, porque) no es posible analizar la aplicación satisfactoria de recursos al logro de objetivos”, concluye el informe.

De hecho, la Auditoría agrega que los recursos, que provienen del financiamiento internacional, “se obtienen y gestionan tardíamente”, y de forma inadecuada en función de las necesidades que se presentan en los distintos frentes. Asimismo, el organismo de control dice que el personal de la Dirección “no genera confiabilidad” porque no tiene manuales de procedimientos, y que “no se puede determinar que los recursos humanos afectados (a los programas) sean suficientes”.

El informe de la AGN examinó varios proyectos de la DCSyLCD destinados al cuidado del suelo. En el de “Manejo sostenible de tierras en el ecosistema transfronterizo del Gran Chaco Americano”, por ejemplo, sólo se hicieron estudios de consultoría que, sin embargo, no fueron tenidos en cuenta para delimitar los sitios piloto donde se pondrían en marcha las acciones previstas. Además, al momento del cierre de la auditoría, no había financiación para el plan.

Por otro lado, once años después de su presentación en la Argentina, el “Programa de acción subregional del Gran Chaco Americano” aún no fue aplicado y, “recién en marzo de 2007, se llegó a la firma de un acuerdo trinacional”. En tanto que la Unidad de seguimiento no está funcionando, los proyectos diseñados no se corresponden con los objetivos planteados y no hay plazos ni metas que reflejen un cronograma de actividades.

En cuanto al “Proyecto Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas Áridas” (LADA por sus siglas en inglés), la AGN advirtió sobre “la informalidad de los mecanismos institucionales para su ejecución”, y enumeró que “no existe en la Dirección un expediente sobre el plan, no existe una designación formal del personal contratado, no constan las rendiciones de cuenta semestrales que ArgenINTA debía elevar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable”, y que desde mayo de 2005, no hubo ningún avance en la experiencia.

En los últimos años se registró un aumento en la producción de granos que provocó el avance de la frontera agropecuaria. Los suelos trabajados se expandieron desde la región pampeana hacia el noreste y noroeste, incentivados por el bajo costo de las tierras marginales y, en ese contexto, el cultivo que más creció fue el de la soja.

El desmonte masivo para habilitar áreas agrícolas, unido a las excesivas lluvias, provoca el empobrecimiento de los suelos y a la desertificación. El 75% de las tierras argentinas son áridas o semiáridas y, por eso, están más expuestas a procesos de desertificación, que es la máxima degradación de los suelos.