Las áreas legales del Correo no tienen manuales de procedimiento y se manejan con “pautas verbales”
Según un informe de la AGN, las oficinas trabajan sobre una base de datos de juicios que arroja información errónea e insuficiente y que, al no mostrar los vencimientos y las fechas de las audiencias, no hay manera de controlar la marcha de los expedientes. Hay abogados en el interior que representan a la dependencia sin estar formalmente contratados.
Las dos áreas de legales del Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA) se manejan sin manuales de procedimientos y las pautas para su desenvolvimiento general “son verbales”. Así lo indica un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), donde se aclara que sólo una de ellas definió “algunas premisas” sobre procesos judiciales.
El informe, aprobado el año pasado sobre datos del 2007, asegura que los dos servicios jurídicos del CORASA, la Dirección de Asuntos Legales y la Gerencia de Gestión Legal, Laboral y Sindical, trabajan sobre una base de datos de juicios obrantes que arroja “información errónea e insuficiente”. Además, el sistema “no muestra los vencimientos y fechas de las audiencias” que permitan llevar un control de los plazos y seguimiento de las causas.
A su vez, la Auditoría detectó que hay abogados en el interior del país que llevan causas en representación de la empresa y “no poseen contrato formal” que los vincule con el Correo, “superponiéndose, en algunas zonas, con letrados contratados”.
Tampoco se completaron los “principios de transparencia” sobre los mecanismos de contratación de profesionales en el interior, dado que “no hay constancia de convocatoria, publicación, ni invitaciones a los posibles oferentes”, sostiene el informe.
La AGN agregó que el servicio jurídico de CORASA no le informó a la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encargada de mantener actualizado el Registro Único de Juicios del Estado, sobre todos los litigios que tiene a su cargo pese a que, según el Decreto Nº1116/00 y la Resolución PTN Nº 2/2000, está obligado a hacerlo.
Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.
El Correo Oficial, además, recibió requerimientos de indemnización para ex agentes de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA), quienes debían recibir, según el decreto Nº 214, el “14% de las acciones” del antiguo organismo, una vez que se privatice.
Fue a partir del Programa de Propiedad Participada (PPP), que posibilita a empleados o usuarios de la empresa “sujeta a privatizar” a adquirir parte o todo el capital accionario.
Lo que ocurrió, cuenta la AGN, fue que el PPP nunca se implementó, aún después de que la empresa pasara nuevamente a la órbita estatal. Según el informe, “en 1991 el Ministerio de Trabajo intervendría en todo proceso en el que se adopte el PPP” y en 1998, un año después de privatizar ENCOTESA, se facultó a la Secretaría de Comunicaciones a realizar los “actos necesarios para instrumentar la cesión” de las acciones.
El equipo de auditoría observó que efectivamente se presentaron demandas sobre la aplicabilidad del PPP, pero existe “confusión procesal en cuanto a la dependencia del Estado Nacional que actúa como demandado o en carácter de tercero citado a juicio (testigo)”.
Este informe de la AGN es la Resolución 213, fue emitida en noviembre del año pasado y, entre que los técnicos terminaron la labor de campo y que el Colegio de Auditores dio su visto bueno, pasaron 874 días, es decir, dos años y casi cinco meses, convirtiéndose en el trabajo que más demoró en ser aprobado de todo el ejercicio anterior.
