Las irregularidades que detectó la AGN tienen que ver con problemas en los controles contables internos, y la selección y contratación de consultores que prestaban servicios en los programas.

En números, los proyectos que estudió la AGN suman 4.700 millones de dólares de los cuales sólo fueron ejecutados U$S 2.444 millones (51%). Esto obligó a que los Ministerios gestionen prórrogas frente a los organismos crediticios, y hasta hubo dos programas que debieron suspenderse por el incumplimiento en los tiempos pautados. 

Pero la subejecución de presupuestos no afecta solamente a los eventuales destinatarios de los proyectos del Gobierno nacional. La AGN estudió la “letra chica” de los préstamos y descubrió lo que se conoce como “comisiones de compromiso”, que es el dinero que el Estado debe pagar como compensación por las sumas de los créditos aprobados que no se desembolsan en término. Por ejemplo, en un préstamo subejecutado de 100 millones de dólares, se pagaron “comisiones de compromiso” por el 1,2% del total de la operación (U$S 1,2 millón), aunque hay casos en los que el porcentaje de penalidad supera el 6,5 por ciento. Ese dinero que se pierde es absorbido por el Estado y pasa a formar parte de la deuda externa.

La AGN atribuye las irregularidades a “la ineficiencia de las unidades ejecutoras”, y no espera un cambio en el corto plazo, mientras “no aparezcan los medios correctores que provoquen el cumplimiento de las normas y los contratos que regulan la actividad de los proyectos por parte de quienes los ejecutan”, concluye el informe.