Después de dos años de ocuparse de la compleja causa del Riachuelo, la Corte Suprema de Justicia se prepara para dictar una importante sentencia: exigirá que el Estado fije plazos concretos para realizar las tareas de saneamiento, impondría multas y, además, encargará a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación que se ocupen del monitoreo de las tareas.

En 2004, el abogado Jorge Mosset Iturraspe, en representación de 150 vecinos de una cuenca en la que viven 4,6 millones de personas, demandó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y a 45 empresas por los daños que sufrieron esas personas como consecuencia de la contaminación del Riachuelo. Además, se sumó la presentación de Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación, por lo cual la causa tomó el camino de una reparación del daño colectivo.

Pero fue en 2006 cuando el expediente comenzó a activarse. En ese momento, el conflicto que la Argentina comenzó a protagonizar con Uruguay por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos ocupaba la tapa de todos los diarios.

La Corte, entonces, advirtió la trascendencia que podía tener la incorporación del tema ambiental en su propia agenda y se embarcó en la búsqueda de solución a un problema que viene desde los primeros años de la Argentina: el Primer Triunvirato ya daba cuenta de la contaminación de esas aguas, como una consecuencia de la actividad de los saladeros.

Un claro avance

A partir de 2006, la Corte desarrolló una estrategia prudente, pero siempre se mostró dispuesta a avanzar. No se justificaba que dictase una única sentencia: pronto quedaría en letra muerta. Había que comenzar a orientar el plan de acción del Gobierno, reconociendo que es una tarea política ejecutarlo y, al mismo tiempo, mantener la capacidad de controlarlo.

En una primera decisión, la Corte se desprendió de los reclamos individuales: decidió que los vecinos que quisieran reclamar daños y perjuicios deberían hacerlo en los juzgados federales de primera instancia y, allí, asumir la engorrosa tarea de probar el daño sufrido.

En cambio, conservó para sí dos aspectos del problema: la tarea de ordenar la recomposición del ambiente y la determinación de quiénes serán los responsables de soportar el costo que ello insuma.

Para poner en marcha la recomposición del ambiente, la Corte realizó cuatro audiencias, de las que participaron Mondino; la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, que presentó un plan para los próximos diez años, cuestionado por algunas inconsistencias tanto por la Defensoría del Pueblo, por la propia Corte y por las empresas y, también, por los representantes de las compañías que no admitieron ser contaminantes y que, en general, no desean moverse de las márgenes de la cuenca.

La semana pasada, la Defensoría presentó un nuevo informe sobre las dificultades que supone encarar una tarea de control, porque el plan oficial no prevé parámetros objetivos. Ahora, la Corte se apresta a dictar un fallo que busca poner en orden el proceso de saneamiento:

  Establecerá la obligación de la autoridad de cuenca de suministrar información pública en forma centralizada y comprensible.

  Obligará a los responsables de ejecutar el plan oficial a fijar plazos para erradicar basurales; limpiar las márgenes de los ríos; informar sobre la expansión de las redes de agua potable, cloacal y de desagües pluviales, y presentar un plan de saneamiento y obras en ejecución.

  Asignará el control financiero del saneamiento a la Auditoría General de la Nación (AGN) y el control de la ejecución operativa de esos planes a la Defensoría del Pueblo.

  Podría cobrar multas a quienes no cumplan con los compromisos que asumieron frente al tribunal.