La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que "se destinaron casi $21 millones para que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) le diera asistencia técnica" a un plan que, como publicó la semana pasada El Auditor, tiene comedores con "alto riesgo sanitario" y un "alto nivel de precariedad".

Esta situación se arrastra desde que el proyecto se llamaba FOPAR, cuya primera implementación fue en 1995. En aquel entonces se ejecutaba con fondos internacionales y la participación del PNUD. Desde 2006 "el dinero para que funcione proviene 100% del presupuesto nacional", pero se sigue gestionando a través del PNUD.

Lógicamente esta contribución "genera un costo del 3% a favor de la entidad sobre el monto ejecutado", es decir, a favor del Programa de Naciones Unidas. Para el período auditado,que va de 2009 al primer semestre de 2012, representó casi $21 millones. 

El informe explica que "la justificación para continuar con la asistencia se basa en la capacidad técnica del Programa en la ejecución, seguimiento y monitoreo de los proyectos". No obstante, esta situación fue "contrastada con las observaciones realizadas por el equipo de auditoría".

La AGN señala que, por ejemplo, "los mecanismos de control y asistencia brindados por el PNUD no fueron eficaces para subsanar irregularidades en la entrega de mercadería".

Los informes de visita son generados por las Oficinas Territoriales, que son de alguna manera las representantes del proyecto en cada localidad. Del análisis que realizó la Auditoría de esos documentos se desprende que "en muchos casos los datos del stock de mercadería están incompletos", hecho que "impacta en la adecuada gestión de los fondos".

"Hubo quejas por haber recibido menos alimentos o en mal estado"

De las reuniones que el equipo de la AGN mantuvo con el personal de los comedores surge que "en más del 60% los responsables advirtieron que se había interrumpido la entrega de mercadería al menos por una semana". También hubo quejas por haber recibido cantidades inferiores a las necesarias o en mal estado.

El informe, aprobado en junio de 2017, llama la atención sobre "las debilidades en la rendición de fondos públicos".

A ello hay que agregarle que del análisis de los expedientes "no se puede conocer el consumo en unidades monetarias de la mercadería por comedor". Faltan, además, "las planillas completas de asistencia diaria de los beneficiarios".

La Dirección Nacional de Políticas Alimentarias "carece de un sistema de información confiable en cuanto a metas físicas y montos ejecutados". La Auditoría explica que "hay inconsisencias" entre las diferentes fuentes consultadas.

Por un lado, los datos publicados en la Cuenta de Inversión y, por otro, la información que se le brindó al equipo de control, las diferencias en cuanto a comedores asisitidos por año "van desde 55 en 2011 a 119 en 2009", hecho que "afecta a la confiabilidad de los datos".

En relación, la AGN observó "dificultades en la definición de la unidad de medida de la meta fisica". En la información que se le brindó a la Oficina Nacional de Presupuesto la `medida´ era cantidad de comedores comunitarios, impidiendo "establecer un parametro real del cumplimiento" ya que no se sabe cuántas personas recibieron prestaciones alimentarias. 

Se detectaron, además, deficiencias en el sistema de control de prestaciones, hecho que "impacta en la implementación oportuna de correcciones". El los informes de seguimiento "no se indican dificultades, situaciones de riesgo, ni hay recomendaciones orientadas a la subsanación".