Pese a que uno de los objetivos del saneamiento del Riachuelo es mitigar la contaminación de origen industrial, trascendió que el ente encargado de llevar adelante la iniciativa no sabe cuántas empresas funcionan sobre la cuenca.

El dato figura en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que analizó la labor de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), la oficina conformada por los Estados nacional, porteño y bonaerense, encargada de mejorar la situación del curso de agua considerado el octavo sitio más contaminado del mundo.

“A la fecha de cierre de la auditoría, la ACUMAR desconoce el número total de establecimientos en la Cuenca”, dice la investigación y añade: “Se advirtieron efluentes fuera de norma en las inspecciones de empresas reconvertidas”, lo que significa que un complejo que adaptó su funcionamiento a los planes de saneamiento “no necesariamente ha dejado de ser contaminante”.

A partir de estas y otras “debilidades”, la AGN concluyó que “el programa de reconversión industrial es poco eficiente y efectivo, y debería ser revisado en el marco de una política integral de control de la contaminación”.

El plan

Para lograr su misión, la ACUMAR debe ejecutar el llamado Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que tiene catorce líneas de acción, de las cuales la Auditoría analizó cuatro: saneamiento de basurales; limpieza de márgenes; monitoreo de calidad del agua, sedimentos y aire; y la ya mencionada contaminación de origen industrial.

Sobre el primer ítem, la AGN señaló que la Autoridad de Cuenca “realiza tareas de limpieza de basurales pero no de saneamiento y/o remediación de los predios afectados”.

Y ni así el trabajo pudo completarse; el informe explica que “teniendo en cuenta que en 2015 debían estar limpios todos los basurales, y que aún restan limpiar 66, se observa un retraso en la actividad”.

Además, los auditores detectaron que “el 62% de los basurales limpios se han reinsertado”, es decir que en los mismos sitios se han vuelto a acumular residuos, “lo que atenta contra la efectividad de la acción”.

Para completar, la AGN aclara que “los recursos humanos asignados a las tareas de saneamiento y prevención de formación de nuevos basurales no son suficientes”.

El tema de los desechos está contemplado en el Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (PMGRISU) que, según la Auditoría, “fue realizado sin contar con información suficiente ni la intervención de todos los interesados -en referencia a los municipios afectados por el Riachuelo-, y con un cronograma de acción cuyos plazos son de cumplimiento imposible”.

En cuanto a la relación con las distintas jurisdicciones, la investigación apunta que “la ACUMAR no ha conseguido impulsar una política integral de residuos sólidos en los municipios para lograr la reducción y separación en origen, así como un sistema de recolección diferenciada”, y que de hecho “el único que realiza esta práctica es Morón”.

Ahora bien, ¿esto significa que no hubo logros en la cuestión los residuos? Pese a que el organismo de control afirma que “la limpieza de basurales ha resultado poco eficiente y económica (por los elevados porcentajes de reinserción)”, sí reconoce que sólo “se ha avanzado en la generación de Ecopuntos”.

Se trata de plantas para el tratamiento y valoración de determinados desechos. Sin embargo, hay un problema. Es que para la AGN “los ecopuntos no resuelven la gestión de los residuos sólidos urbanos en la cuenca media y baja del Riachuelo, donde la generación (de basura) es ampliamente superior a los volúmenes de operación previstos”.

Por ejemplo, los ecopuntos de Merlo, La Matanza y Lanús “no solucionan el problema, ya que apuntan a los residuos de poda y escombros que (representan sólo) el 10% de los desechos generados en la cuenca”.

Además, los complejos que funcionan en los municipios de Morón, Avellaneda, Lomas de Zamora y Almirante Brown “no tienen la capacidad de tratamiento”, porque estos partidos bonaerenses generan “más del doble de residuos” que pueden manejar los ecopuntos.

Esta falta de previsión llevó a la Auditoría a observar que los ecopuntos “no atacan integralmente el problema, y su sustentabilidad técnica y económica es incierta debido a que no han sido diseñados de acuerdo a estudios de factibilidad previos”.

Por otra parte, en cuanto al monitoreo de la calidad del agua, sedimentos y aire, al momento del relevamiento “no se encontraba operativo el Centro Integral de Monitoreo y Control Ambiental”, dijo la Auditoría.  

Expedientes

Otro tema destacado en el informe son las distintas falencias que aparecen en los expedientes de la ACUMAR. Y es que, más allá de los “errores de compaginación y foliatura”, pueden advertirse “incumplimientos de plazos y formas de los convenios”, como rendiciones de gastos adeudadas o presentadas fuera de término por parte de los municipios.

Asimismo, se detectaron “demoras en los actos relacionados al control industrial, que tienen un alto impacto en muchos niveles, ya que suponen que (en el mientras tanto) las empresas continúen con los vuelcos fuera de los parámetros establecidos”.

Y además, los auditores observaron que “la ACUMAR realiza erogaciones y contratos con municipios que tienen rendiciones (de gastos) pendientes; y aprueba inicios de obras pese a que los expedientes no incluyen documentación técnica y legal que (justifiquen) la elección del contratista” que llevará adelante el emprendimiento en cuestión.

Como perla, la AGN cuenta el caso de un expediente sobre control industrial en el que se adjudicó por licitación pública a la empresa Recovering S.A. la tarea de erradicar 10 mil toneladas de residuos peligrosos en un plazo de seis meses y por un monto de 18,6 millones de pesos.

¿Por qué el organismo de control eligió ese expediente? Es que no se encontró ningún análisis que determine cuántas toneladas de basura se debían erradicar, “con lo cual la contratación puede ser antieconómica”, dice la AGN y completa que, “dado los montos involucrados en la contratación, deberían haberse realizado estudios más pormenorizados para que se remuevan los residuos peligrosos necesarios y evitar posibles sobrefacturaciones”.