Un informe de la Auditoría General de Salta (AGS) señaló que el programa oncológico infanto-juvenil de la provincia se “resiste” a atender a los pacientes adolescentes

El organismo de control llegó a esa conclusión tras examinar el funcionamiento de una iniciativa nacida hace más de tres décadas y que, a grandes rasgos, pretende cubrir el 100% de las prestaciones necesarias para enfermos de cáncer de entre cero y 21 años.

Según la investigación, el programa tiene un “grave inconveniente” y hasta una “incongruencia” con las normas que le dieron origen, la Ley 6.455 de 1987 y su modificación de 2013 mediante la Ley 7.786.

Es que el Hospital Público Materno Infantil, por ejemplo, “no tiene infraestructura adecuada para recibir a los pacientes oncológicos mayores de 15 años, quienes deberían seguir siendo atendidos por el pediatra tratante y en el mismo Hospital”, dijo la Auditoría y añadió que, a su vez, el sector de mayores del mismo centro de salud “no cuenta con las prestaciones que corresponden a cuidados infantiles”

¿Qué ocurre en esos casos? Los auditores contaron que “se continúa con la atención a los mayores de 15”, pero también alertaron que, “si hubiera que internarlos, surgirían obstáculos con la disponibilidad de camas que posee el nosocomio, compartido con las demás especialidades”.

El informe agrega que “no hay una solución institucional” frente a esta situación, porque es el estatuto del Hospital el que limita la franja etárea de atención, desde recién nacidos hasta los 15 años, lo que demuestra la “incongruencia” con la mencionada ley. 

 

 

¿Y quién cubre a los mayores de 15? Si bien la AGS observó que ese grupo es derivado a otro hospital, el San Bernardo, aquí también surge una “problemática”: es que, siempre según las normas del programa oncológico salteño, los tratamientos deberían estar a cargo de pediatras, justamente una especialidad que no existe en ese centro de salud.

Y, como en el San Bernardo también faltan camas, todo esto “obliga a buscar soluciones extraordinarias para no negar la atención médica”, remarcó la Auditoría.

Para completar su mirada sobre las prestaciones del programa, los investigadores afirmaron que “las terapias psicológicas que se brindan en el San Bernardo no siempre resultan satisfactorias y, en algunos casos, provoca un efecto indeseado, que lleva a la no adhesión al tratamiento oncológico indicado”. 

¿Y por qué pasa esto? Porque el Servicio de Psicología de ese centro de salud “no tiene la especialización en atención de enfermos oncológicos”, cierra el informe.

El “sujeto” que retiró los remedios

Por otra parte, la Auditoría de Salta destinó un tramo de su trabajo al sistema de provisión de medicamentos incluido en el programa oncológico infanto-juvenil.

En ese sentido, fueron los propios médicos de la iniciativa quienes manifestaron que “existen demoras en la entrega de medicamentos en tratamientos estándares e insuficiente provisión de dosis por carencia de stock”.

Además, pudo comprobarse que “el vademécum del programa está desactualizado (porque) responde a un listado de la ANMAT que data de cuando se sancionó la Ley 6.455”, reveló la AGS, en referencia al año 1987, y sumó que, justamente por eso, “no se cuenta con los últimos e importantísimos avances médicos en la materia”.

Con respecto a la compra de remedios, los técnicos examinaron una operación de 2015 por $ 908.600, y se encontraron con que el proveedor en cuestión está registrado ante la AFIP como vendedor al por menor de productos de almacén y dietética, y vendedor al por menor de prendas y accesorios de vestir.

El cuadro se completa con la custodia y la distribución de los medicamentos. Sobre esto, la Auditoría explicó que los remedios comprados por la provincia “son entregados a la empresa OCASA”, que los reparte en función de las demandas del programa oncológico. 

¿Y cómo funciona ese circuito? El informe pone como ejemplo que, “el 4 de agosto de 2015, un sujeto retiró remedios oncológicos del depósito de OCASA, por una suma de $ 2.500.000, por una supuesta orden del Jefe del Programa de Oncología, y que nunca llegaron” a los efectores de la iniciativa.

Más allá de que el caso derivó en una causa judicial, y que incluso hay un pedido de elevación a juicio, la Auditoría concluyó que “la inadecuada custodia de los medicamentos y la flexibilidad en el manejo de los activos, potenció el riesgo de control que permitió la comisión de la conducta que se dilucida penalmente”.