Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), destinado a ayudar a familias y grupos rurales a organizarse para mejorar su producción, no les facilita a esos sectores el acceso a los subsidios.

El dato surge de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que analizó la gestión del llamado Programa Federal de Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER), en el que se señala que “no existe una política activa” del INTA para dar “materiales y asesoramiento jurídico a los grupos beneficiarios” y, en el caso de las asociaciones informales, no las orienta en el camino hacia la regularización.

Sobre esto, el organismo de control explicó que, para esos beneficiarios, formalizar su personería “implica el acceso a un universo de subsidios, beneficios impositivos y ampliación de los horizontes de comercialización y desarrollo”.

¿Qué es el PROFEDER? Se trata de una iniciativa del INTA que nació en 2002 con el objetivo de contribuir a la innovación tecnológica y organizacional de familias y empresas productoras del ámbito rural de todo el país. 

Por la falta de fondos, a fines de 2016 el Instituto tuvo que recurrir a fondos extrapresupuestarios.

Puntualmente, la Auditoría inspeccionó el funcionamiento de dos componentes del programa, los Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local (PADL) y los Proyectos Integrados (PI), entre enero de 2013 y diciembre de 2016. Para el final de ese período, existían unos 301 PROFEDER vigentes en todo el país, de los que participaban 2.051 personas en el caso de los PADL, y 1.169 en los PI.

Para su investigación, la AGN visitó sedes del INTA en Salta, Jujuy, Río Negro y Neuquén, donde realizó entrevistas en las que “los beneficiarios manifestaron estar satisfechos con los proyectos y consideraron que han mejorado su calidad de vida”.

No obstante, el informe enumeró una serie de “carencias”, entre las que se destaca una “débil planificación y la falta de distribución equitativa de proyectos por regiones”. Además, se resaltó la “escasez de recursos, tanto humanos como materiales y presupuestarios”. 

En cuanto a este último punto, la Auditoría señaló que “en 2016 se disminuye un 13,1% el presupuesto del Programa con respecto a 2013”, pese a que en 2014 y 2015 hubo incrementos del 14% y el 14,5% respectivamente.

Al momento del informe, los dos componentes analizados tenían unos 3.200 beneficiarios.

Según el texto, incluso en el último trimestre de 2016 “el INTA tuvo que recurrir a fondos extrapresupuestarios provenientes de ArgenINTA para poder llevar a cabo las tareas (ya que) los montos asignados no son suficientes para las múltiples (acciones) que se financian”.

Siguiendo con las carencias materiales, se advirtió que el parque automotor de las sedes del Instituto “es muy antiguo y no posee los elementos de seguridad pasiva (airbags, dirección asistida, etc.), por lo que su uso representa un riesgo”.

Para completar, en varias de las dependencias visitadas “se detectaron problemas de conectividad (poca o nula cobertura de internet), para los cuales no se han implementado las soluciones tecnológicas disponibles por parte del INTA”.

Pasando a los recursos humanos, la investigación se encontró con “falta de personal” en todas las dependencias, lo que genera que haya una “sobrecarga de tareas” en los trabajadores del Instituto.

Entre los que sí trabajan se observó una “variedad de tipos contractuales, incluso para tareas similares”, lo que provoca una “precariedad laboral” que, a su vez, “genera diferencias en las dedicaciones de cada agente y lleva a que se discontinúen muchas tareas”, explicó la AGN.

El informe añadió que “el INTA no cuenta con una capacitación específica para sus técnicos en temas relativos (por ejemplo) a cuestiones de género, una problemática que se manifiesta recurrentemente en el medio rural”.

Y, con respecto a la ejecución de la iniciativa en términos generales, los auditores descubrieron que “no existe un seguimiento posterior a la finalización de los proyectos, lo que dificulta la medición del impacto de las acciones implementadas”.