Por segundo año consecutivo, el Tribunal de Cuentas de Catamarca detectó desvíos de las regalías mineras hacia destinos distintos de los previstos en la ley vigente. Al igual que en 2007, el organismo de control volvió a señalar que varios municipios de la provincia usaron los fondos provenientes de la actividad para “paliar desequilibrios fiscales y financieros” registrados en 2008.

La ley en cuestión es la 5.128, que regula el manejo de las regalías mineras y que, en su artículo 5, prohíbe a los distritos usar el dinero para gastos corrientes, como pagar sueldos, y otorgar créditos. Esa norma puntualiza que los fondos “se aplicarán única y exclusivamente a financiar obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación (de) actividades productivas”.

Sin embargo, en su auditoría correspondiente a 2008, el Tribunal Catamarqueño descubrió que en el distrito de Pomán se extrajeron $ 160.913,90 de la cuenta corriente 1000059/86 de regalías mineras para pagar “sueldos del personal municipal”. Y, aunque “el Intendente se comprometió a devolver (el dinero) en 2009, (ese pago) no constituye ni se enmarca en una obra de infraestructura para el desarrollo económico”, dice el informe. Además, el 18 de julio de 2008, se retiraron $ 53 mil de la misma cuenta “en calidad de préstamo que fueron devueltos en su totalidad” once días más tarde.

Durante el período analizado, según el organismo de control, el municipio de Recreo “no efectuó erogaciones imputables a proyectos financiados con fondos de regalías mineras”. Aunque sí se realizaron “extracciones de la cuenta corriente” del distrito por $ 2.039.200, a los que se dio un “uso transitorio”, distinto de lo establecido en la ley 5.128. De ese total, se devolvió algo más de la mitad, $ 1.328.000. Si bien las autoridades de Recreo explicaron que la operación se hizo por “la necesidad de asegurar la normal prestación de los servicios públicos”, el Tribunal no justificó los “retiros (de dinero) en forma recurrente para paliar desequilibrios fiscales”.

El informe también destaca que en el municipio de Ancasti se constató un “desvío de fondos al 31 de diciembre de 2008 por $ 186.640 a un destino diferente” a lo previsto en la legislación. Y en la distrito de Las Juntas, en tanto, el Tribunal verificó “habitualidad en el pago en efectivo a todo tipo de proveedores con frecuentes ‘pases a caja’ que se efectúan desde la cuenta corriente de regalías mineras y de coparticipación para cubrir desequilibrios financieros”. En lo que tiene que ver con el dinero de la minería, el faltante asciende a $ 442.254,08.

Además de la ley, en Catamarca rige una acordada, la 5.551 de 2005 que, entre otras cosas, exige a los municipios informar al Tribunal de Cuentas provincial sobre las obras y los planes que serán financiados con las regalías mineras. Pero, según el organismo, el distrito de Andalgalá pagó durante 2008 $ 15.336.459,05 de ese fondo “sin cumplir con la obligatoriedad de elaborar un proyecto de inversión mediante el cual se pueda determinar si el objeto del mismo cumplía con lo establecido” en la 5.128. Asimismo, esa municipalidad destinó $ 3.511.539 para el servicio “elaboración de proyecto de obra”, un ítem que no se encuadra en la legislación.

Sin información

En el municipio de Puerta de Corral Quemado los auditores no pudieron realizar su trabajo correspondiente a 2008 porque las autoridades “no pusieron a disposición la información solicitada, ni tampoco con un pedido de reiteración”. El informe añade que esta situación también se registró en los trabajos realizados en 2006 y 2007. Por eso, el Tribunal de Cuentas dictó la Resolución 887/08, en la que se decidió “remitir comunicación a la Fiscalía de Instrucción de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en el departamento de Belén, solicitando su intervención en los hechos descriptos”.

“Lo peor”

Los hallazgos que se obtuvieron en el municipio de Belén, merecen un párrafo aparte. El organismo de control afirma que las autoridades usaron fondos de regalías mineras en “erogaciones que son propias de la gestión normal de la municipalidad, como transporte de agua para riego del arbolado público, combustible para camiones y maquinarias, materiales de construcción y adquisición de un equipo generador”.

También se encontraron dos resoluciones municipales que llamaron la atención de los técnicos. Por un lado, la 337 del 8 de mayo de 2008, por la que se decidió usar $ 50 mil de regalías mineras para abonar haberes del mes de abril de ese año. Y, por el otro, la 611 del 25 de julio, que disponía destinar $ 130 mil en el pago del medio aguinaldo. Este “autofinanciamiento para cubrir gastos corrientes está expresamente prohibido por la ley 5.128”, dice el informe, y agrega que “al 31 de diciembre (esas sumas) no habían sido reintegradas a la cuenta corriente de regalías mineras”.

Hay más. El municipio de Belén destinó dinero a un programa de becas de capacitación para el desarrollo de actividades productivas y, más allá de “obviar la presentación del proyecto ante el Tribunal de Cuentas (como lo indica la acordada 5.551), bajo la supuesta finalidad de capacitar personal, disimuló una relación laboral que, en términos contables, son erogaciones corrientes”. Pero el organismo de control encontró otra particularidad de “estas seudo relaciones laborales”: “Lo peor de este accionar es que no se realizan los aportes y contribuciones de las cargas sociales, lo que no solo perjudica al sistema social, sino en forma individual a cada uno de los trabajadores, al no tener aportes ni antigüedad, que le pesarán a la hora de jubilarse, toda vez que la realidad dice que realmente trabajaron”.