En una reciente publicación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) se analizaron las cuatro decisiones administrativas (DA) que se emitieron en 2023. Las DA responden a la necesidad de modificar el presupuesto aprobado por el Congreso y pueden implicar el aumento, la disminución o la resignación de los créditos y recursos presupuestarios previstos inicialmente.

De las cuatro DA que salieron en lo que va del año, sólo una modifica el presupuesto del Ministerio del Interior, la DA 356 de mayo. Esto resulta sumamente importante al momento de analizar un área clave en un año electoral, y que se expresa en la magnitud de recursos asignados a la política electoral, rondando el 40% de los recursos totales de la jurisdicción.

Precisamente, en el ámbito del Ministerio del Interior, funciona la Dirección Nacional Electoral (DINE), organismo técnico del Poder Ejecutivo que tiene a cargo la programación, organización y ejecución de la política y administración nacional electoral. A su vez, la DINE trabaja en coordinación con la Justicia Nacional Electoral (que depende del Poder Judicial), las jurisdicciones provinciales y municipales, el Comando General Electoral (órgano transitorio del Poder Ejecutivo) y el Correo Oficial de Argentina.

En un análisis desagregado de la DA 365 de mayo, se verifica una modificación presupuestaria del Ministerio del Interior de $40.365 millones, que se traduce tanto en aumentos en algunas actividades como reducciones en otras y que equivale a un incremento del crédito inicial del 40% para toda la jurisdicción. 

Del total de este ajuste administrativo interno, $35.120 millones corresponden a gastos en política electoral, específicamente al programa “Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad”, que pasó de un crédito inicial de aproximadamente $56.377 millones a un crédito vigente de $91.498 millones, y con un nivel de ejecución del 20% ($18.590 millones). La totalidad de los $35.120 millones fue reasignada a la acción "Ejecución de actos electorales", que asciende a $90.367 millones como recursos disponibles, equivalente a un aumento del 64% respecto a la asignación presupuestaria inicial. 

El gasto destinado a partidos

Desde Fundación Éforo, a partir del último informe publicado “Políticas Electorales en Argentina”, nos propusimos conocer la trayectoria del gasto público destinado al funcionamiento de los partidos políticos, la ejecución de la política electoral a nivel nacional y también comprender la evolución de las partidas presupuestarias implicadas en el proceso electoral 2023. 

A valores constantes del 2022, destacamos en el informe que “una elección presidencial ronda los $47.523 millones, mientras que las de término medio alcanzan una media de $41.730 millones. La elección presidencial de 2015, en la que hubo segunda vuelta, fue la más cara: $62,975 millones, seguida por la de 2011, en la que se ejecutaron $58,296 millones.” Además subrayamos que “aún en los años en los que no se celebra ningún proceso electoral se registran erogaciones (significativamente inferiores) relacionadas a la política electoral que rondan los $11,600 millones, lo que equivale al 0,02% PBI”.

En el informe destacamos que del total de recursos, el 84% corresponden a salarios, pago al Correo Argentino y diversos tipos de transferencias al sector privado, en promedio para toda la serie analizada. Mientras que el gasto en personal es uno de los que presenta mayor estabilidad en la serie, rondando el 55% del total de recursos (ya sea para años electorales o no electorales), los pagos al correo Argentino “pasó del 14% en las elecciones del 2007 al 31% en las de 2021 ($3.600 millones a $14.200 millones)”, convirtiéndose en el rubro de mayor crecimiento. Particularmente, los años 2015 y 2017 son los que registraron el mayor desembolso al Correo Argentino. En 2015, no obstante, hubo balotaje. 

En ese aspecto, Federico Recagno, presidente de la Fundación Éforo, advierte que donde hay que poner la mira es en los gastos que se utilizan para el soporte administrativo como el correo, la seguridad, el traslado de las urnas y la papelería.

Además, entre otros de los programas relevantes que garantizan el desenvolvimiento institucional de los partidos políticos se encuentra el Fondo Partidario Permanente, que a principio de mayo suman $400 millones y presenta un nivel de ejecución del 23%.

Allí destacamos que “de acuerdo con el art. 6 de la ley 26.215, el Presupuesto General de la Nación destina anualmente un aporte al denominado Fondo Partidario Permanente (FPP). Éste es administrado por el Ministerio del Interior y sus recursos se distribuyen entre los partidos políticos como aporte para su desenvolvimiento institucional. La forma en la que se distribuyen los recursos del fondo es la siguiente: el 20% de manera igualitaria entre todos los partidos reconocidos y el 80% restante en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales entre los partidos que acrediten haber obtenido al menos un número de votos equivalente al 1% del padrón electoral (Art. 9).”

Si miramos la evolución del FPP, observamos que a partir del 2019, comienzan a decrecer los recursos asignados al fondo, siendo el 2022 el año en que se llega al piso histórico de 251 millones de pesos destinados a transferencias del Estado Nacional a los partidos políticos, muy por debajo del máximo histórico alcanzado en 2015 con $3.300 millones..

Para profundizar aún más en el tema y porque analizar la realidad es también participar, desde Fundación Éforo te invitamos a conocer los informes técnicos y ciudadanos disponibles en nuestro sitio web.