Córdoba.- La auditoría que el Tribunal de Cuentas realizará para determinar en qué gastó la Tamse los 108 millones de pesos que recibió de la Municipalidad de Córdoba en el último año y medio, y que motivó duros cruces entre el intendente Daniel Giacomino y los tribunos, podría cambiar su objeto y amplitud temporal.

Concejales de la UCR presentarán hoy un proyecto para que la revisión de los números de esa empresa se realice desde su creación, en 2002, y que no sólo se coteje la rendición de los subsidios, sino todos los gastos.

La movida radical también incluirá otra solicitud de auditoría a las prestatarias privadas del sistema (Coniferal y Ciudad de Córdoba), para contrastar su performance con el de Tamse.

Vale recordar que la auditoría en marcha, en cambio, fue dispuesta a instancias del propio Tribunal de Cuentas, y busca determinar en un plazo de 90 días el destino de los subsidios municipales a Tamse.

La Carta Orgánica Municipal fija entre las potestades del Concejo pedir al Tribunal de Cuentas auditorías sobre concesionarias de servicios. La UCR aspira a que la iniciativa sea aprobada por mayoría, aunque también puede impulsarla con la firma de 11 ediles.

Asimismo, el Concejo debatirá hoy una ordenanza aprobada por el cuerpo referida a abonos escolares y tarifa social del transporte. Un artículo de esa norma (impulsada por la UCR) fijaba que cualquier subsidio municipal al sistema debía pasar por el Concejo, pero Giacomino lo vetó. Ahora los ediles radicales quieren insistir con su postura inicial.

Réplica. En otro orden, Giacomino volvió a cuestionar a dos miembros juecistas del Tribunal de Cuentas (Sergio Crespín y Marcelo Sat), que también integran la Comisión Fiscalizadora de Tamse. Les recriminó no cumplir sus obligaciones y pidió que devuelvan los 2.500 pesos que perciben por fiscalizar.

El Tribunal le contestará hoy al intendente, mediante una nota en la que reivindica su tarea y la de los fiscalizadores. La misiva precisa que la Comisión "no es un órgano de control del Tribunal" y que realiza su tarea al margen de éste. Además, consideraron improcedente el pedido de Giacomino para que los fiscalizadores devuelvan sus sueldos, considerando que esos funcionarios son puestos en sus cargos y eventualmente removidos por la asamblea de accionistas de Tamse, que encarna en persona Giacomino.

También hicieron notar que el intendente se preocupa por los honorarios abonados a los fiscalizadores, pero que no pone el mismo celo en corregir "las decenas de miles de pesos presuntamente mal pagados a trabajadores de Tamse por uno de los directores, conforme descubriera una auditoría externa encargada al estudio Dutto y Asociados".