Bahía Blanca.- En 2009 no se gastó más de un millón de pesos que habían sido presupuestados. No obstante, desde Economía municipal se afirma que los recursos se destinan en tiempo y forma.

Desde hace varios años, el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) no puede ejecutar su presupuesto por no disponer de todo el dinero recaudado en cada ejercicio mediante la tasa ambiental, creada por la ley provincial 12.530 para solventar únicamente su funcionamiento.

Esta situación, que se arrastra de ejercicios anteriores, quedó plasmada no sólo en la rendición de cuentas enviada por el Ejecutivo al Concejo Deliberante, sino en el informe que el propio CTE le entregó a los auditores del Programa Integral de Monitoreo (PIM): Olga Cifuentes, de la UTN; Jorge Carrica, de la UNS y Carlos Rodríguez, de la Unión Industrial.

Según el CTE, estos fondos pasaron a engrosar las arcas municipales. Así, trabas administrativas, burocráticas o políticas impiden que este cuerpo de inspectores pueda disponer de dichos aportes para cumplir con su rol de controlar y monitorear a las grandes industrias emplazadas en el Polo Petroquímico y en el sector portuario.

A fines de este mes, Cifuentes, Carrica y Rodríguez terminarán de realizar su estudio sobre el funcionamiento del CTE que, según lo publicado en la página web de la Municipalidad, debió postergar acciones en 2009 o directamente descartarlas por no contar con los recursos afectados.

"Esta situación, que afecta a la planificación y en consecuencia a la eficiencia del organismo, no parece tener una solución, dado que el recurso se administra integrado al resto del recurso municipal", se indicó en la citada página bajo el subtítulo Gestiones Administrativas.

"El año pasado fue algo más complejo que 2008, porque por razones que escapan a este organismo, hubo gestiones que se postergaron o no se realizaron. Esto implicó que una parte del recurso afectado no pudiera utilizarse. De todas formas, dicho recurso pasó a engrosar el presupuesto del ejercicio siguiente", se escribió.

Asimismo, se subrayó que "esta situación, que afecta a la planificación y en consecuencia a la eficiencia del organismo, no parece tener una solución, habida cuenta que el recurso se administra integrado al resto del recurso municipal".

También se dio cuenta de las mencionadas trabas administrativas o políticas.

"Una característica en la gestión administrativa municipal de adquisición de bienes y servicios, al menos en los últimos años, es que mientras el presupuesto no es aprobado --por el Concejo Deliberante, a principios de año--, la gestión --que deviene del gasto-- no se realiza.

"Algo similar ocurre sobre fines de año: si la gestión se inicia en algún momento entre los meses de octubre, noviembre o diciembre, existe cierta probabilidad de que no se ejecute. Esto último se ve agravado porque, durante el inicio del siguiente año, se está en la situación anterior", informó el CTE.

Desde el CD

El concejal whitense Roberto Ursino (UCR) sostuvo que de los 3,9 millones de pesos que aportaron las industrias de tercera categoría al funcionamiento del CTE en 2009, no se gastaron 1,5 millones de pesos.

El edil señaló que ese dinero fue destinado a rentas generales de la comuna, por lo que no descartó que haya sido utilizado con otros fines, pese a que se encuentra afectado a los gastos del CTE por disposición de la ley provincial 12.530.

"Que no se haya gastado ese dinero en el CTE, representa una irregularidad", afirmó.

Cabe aclarar que a los 3,9 millones de pesos que se recaudaron en 2009, se le sumaron 1.618.631,79 pesos que no habían sido utilizados en 2008. De este monto total (5.518.631,79 pesos), se gastaron, según los asientos comunales, 4.428.000 pesos.

Durante 2001, primer año en que la comuna tuvo injerencia en el monitoreo de industrias, hubo gastos por 2.764.277,97 pesos. El municipio pagó 701.756,79 pesos (el 25,39 por ciento) y las empresas aportaron 2.062.521,18 pesos (74,61 por ciento).

En 2006, el Ejecutivo municipal, a cargo del actual intendente Cristian Breitenstein, elevó lo recaudado en concepto de tasa ambiental de 1.480.000 pesos a 2.616.454,73. Entre otras subas, se tuvo en cuenta un aumento salarial de alrededor del 60 por ciento, en promedio.

Ese mismo año, se habló de diagramar una estructura que agilice los mecanismos administrativos del CTE.

Por tal motivo, se planteó la necesidad de evitar que cada trámite inherente a este grupo, como las compras de equipamiento e insumos, deba ser fiscalizado o aprobado por distintas áreas del Ejecutivo, etapas que, según manifestó por entonces el concejal Roberto Ursino, generaban demoras de tres o cuatro meses.

El mismo edil ahora promueve la creación de un área administrativa dentro del CTE, que reciba y ejecute el gasto de los fondos recaudados por la tasa ambiental.

Aispuro defendió al área de Economía municipal

El contador general de la Municipalidad, Guillermo Aispuro, expresó que el área de Economía no se considera responsable de que se encuentre afectada la eficiencia del CTE, por no poder gestionar la adquisición de bienes y servicios, al no contar con los recursos que se obtienen mediante la tasa ambiental.

"Desde el área de Economía entendemos la importancia de la tarea que realiza el CTE, así como la que lleva a cabo cualquier otra área del municipio. Por ello tratamos de ser siempre diligentes en el cumplimiento de los pedidos que nos efectúan", señaló Aispuro.

Asimismo, afirmó que esos fondos no fueron utilizados para solventar otros gastos de la comuna.

"Los recursos de la tasa ambiental que recibimos de las empresas ingresan en una cuenta operativa, para luego contabilizarse en una cuenta diferenciada del resto, con miras a poder administrarla por separado, ya que son recursos afectados.

"La implementación del sistema Rafam trajo aparejada la diferenciación en el manejo de los recursos, fundamentalmente, de los afectados", señaló Aispuro.

El contador municipal comentó que las industrias pagan el impuesto a término. Por ello, se le preguntó porqué razón el CTE no puede ejecutar su presupuesto.

"Por un lado, en los últimos años, los ingresos por la tasa ambiental han superado lo que se presupuestó. Esto se debe a que hay una fórmula aritmética que determina lo que las empresas deben abonar, cuyas variables hacen que los montos a recaudar no sean siempre los mismos.

"Por otro lado, como se trata de dineros públicos, hay procedimientos que cumplimentar antes de efectuar la compra, la erogación o el gasto. Primero está la solicitud del pedido, en el momento de la adjudicación está el compromiso, en la entrega del bien está lo devengado y finalmente se produce el pago. Esto, por lo general, demora un tiempo que hace que toda la operación supere al ejercicio en curso.

"Esta es una de las razones por las que no se termine de gastar, ejecutar o invertir todo el dinero ingresado producto de la tasa ambiental", comentó el funcionario, quien sostuvo que estas razones hacen que se transfieran de un ejercicio a otro, cifras superiores al millón de pesos.

En cuanto a la imposibilidad expuesta por los integrantes del CTE de gestionar la adquisición de bienes y servicios a principios de año, cuando el presupuesto no está aprobado por el Concejo Deliberante, Aispuro comentó que la comuna, en esa circunstancia, no puede comprar bienes inventariales pese a que trabaja con presupuesto prorrogado.

"Esta es una cuestión vital para el CTE, porque tiene la necesidad de contar con maquinarias y equipos de control y monitoreo, cosas que son inventariales", señaló Aispuro.

En cuanto a las dificultades de realizar adquisiciones en los últimos tres meses del año, Aispuro dijo desconocer las razones que llevaron al CTE a manifestar esa problemática en su informe, habida cuenta que, según su criterio, las demoras son similares a las del resto del año.

"No hay posibilidad de que las compras no se realicen porque no hay dinero", afirmó.

Aispuro comentó que para agilizar estos pasos, al CTE se lo separó administrativamente de la subsecretaría de Gestión Ambiental y de la secretaría de Gobierno.

Al Tribunal de Cuentas

El contador Guillermo Aispuro dejará de ser funcionario municipal para transformarse, a partir del 1 de septiembre, en integrante del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Su camino será imitado por otros dos miembros del área de Economía de la comuna: la subcontadora María Trivellini y el tesorero Gabriel Carella.

Accedieron a los cargos tras haber ganado un concurso de aptitud, convocado para cubrir cuatro vacantes en la delegación local del organismo. El cupo restante será cubierto por el actual contador general de la comuna de Villarino, Jorge Ernst.

Aún no quedó definido quién será el reemplazante de Aispuro como contador general del municipio bahiense.