De acuerdo a lo que habían anticipado en la sesión extraordinaria en que se debatió y aprobó la autorización para acceder a un crédito por 460 millones de pesos con el Banco Nación, para cubrir un adelanto en cuenta corriente que ya había sido tomado el año pasado, los diputados de la UCR Nadia Ricci, Jorge Cruz y Omar Hallar presentaron ayer por la mañana una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia contra el ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, el tesorero general de Santa Cruz, Gonzalo Oliveira, y la contadora general Karina Murcia, por violación a la Ley de Contabilidad.La denuncia, que fue formulada en los términos de la Ley Nº 500, solicita que se sustancie el juicio administrativo de responsabilidad contra los responsables de manejar el sector económico del Gobierno provincial por el manejo de fondos y la autorización para girar en descubierto en varias cuentas que la provincia posee en el Banco de la Nación Argentina.

Estas maniobras fueron conocidas durante la última semana cuando el Gobierno de la provincia hizo pública la deuda con dicho banco y pidió aprobación legislativa para su reestructuración. Los diputados remarcaron que, luego de analizar la documentación que presentó el FVS en la Legislatura provincial, observaron que el ministro de Economía procedió sin autorización previa del Poder Legislativo a girar en descubierto sobre las cuentas corrientes que tenía en el Banco Nación, vulnerando lo normado por la Ley de Contabilidad Nº 760, en sus artículos 2º y 6º.

Esta maniobra contable quebranta asimismo los principios de la contabilidad generalmente aceptados determinados por la propia Ley de Contabilidad. También señalaron que la existencia de esta deuda nunca había sido transparentada ante la sociedad, ya que no aparece registrada ni en el presupuesto del año 2008, ni en los ejecutados parciales que el ministro de Economía hizo públicos ante los reclamos de aumento salarial, ni en la presentación del presupuesto 2009, ni en la presentación del ejecutado parcial hasta marzo del mismo año.

Es por eso que la diputada Ricci argumenta que el Gobierno infringió el principio de universalidad que establece: "La contabilidad debe registrar todos los hechos económicos, cualquiera sea su naturaleza, que afecten o puedan afectar el patrimonio y los recursos y gastos del Ente, y que tampoco se respetaron los principios que rigen al presupuesto como unidad, ya que todos los gastos y recursos del Estado "deben ser reunidos o agrupados en un único documento y se presentan en forma conjunta para su aprobación legislativa".

"A partir de estas decisiones de girar en descubierto, naturalmente se han generado grandes intereses en perjuicio del erario público que tampoco fueron informados, ya que no constan en los elementos presentados a la Cámara de Diputados", remarcó el diputado Hallar, quien además sostuvo que, con las operaciones objetadas, se procedió a infringir también la Constitución Provincial, ya que se generó un empréstito encubierto, vulnerando el Artículo 40 de nuestra Carta Fundamental provincial, que establece la previa autorización de la Cámara de Diputados, requiriendo el voto positivo de las dos terceras partes de los legisladores presentes, y con un destino o asignación específica.

"Estas decisiones inconsultas que generan, a nuestro juicio, hechos violatorios de las disposiciones legales y reglamentarias, habrían generado un perjuicio a la Hacienda Pública, por lo cual en virtud de lo expuesto por el Artículo 58º de la Ley 500, entendemos que es nuestra obligación advertir tal irregularidad, para la iniciación del pertinente juicio administrativo de responsabilidad dentro del Tribunal de Cuentas", remarcó la diputada por el Municipio de Perito Moreno, quien además indicó que, debido a la magnitud de la cifra y la trascendencia del tema, el Tribunal podría darle tratamiento el próximo martes.