Publicado: 08-06-2011

San Juan.- El caso Schoklender confirma el difícil seguimiento de los fondos públicos en manos de ejecutores particulares.

Los gastos sociales, como los destinados a emprendimientos de las Madres de Plaza de Mayo y de Milagro Salas, son casos concretos y paradigmáticos de las dificultades que plantea el control del destino de los fondos públicos.

Cuando el Estado es el que ejecuta un plan de viviendas o cualquier obra pública, debe hacer licitaciones, publicar pliegos, gestionar las impugnaciones, publicar los contratos y pasar por el análisis de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación si es de ese ámbito. En cambio, en las obras privadas, el trámite es más sencillo porque la Sigen y la Auditoría no tienen autoridad sobre ese sector y el Estado se limita a realizar las transferencias.

Las Madres de Plaza de Mayo o cualquier otra entidad de derecho privado no están obligadas a licitar ni a publicar los contratos que realizan. En la gestión kirchnerista, la entrega de fondos a ONG llegó a niveles que antes no se habían dado. Nuestro país necesita un sistema de transferencia en la información y que cualquier ciudadano pueda ingresar en Internet para observar los precios que paga el Estado en las licitaciones. Hay que reconstruir el sistema de indicadores que antes existía, por ejemplo la página del Ministerio de Economía, que permitió descubrir y denunciar varios hechos de corrupción en los 90 y que ahora no aparece.

El actual escándalo de la supuesta mala administración de Sergio Schoklender en los emprendimientos sociales de las Madres de Plaza de Mayo es un hecho previsible con un sistema inseguro, poco transparente y que depende de la buena voluntad de los que intervienen. Los legisladores oficialistas, que aprueban el Presupuesto nacional sin cuestionamientos, que aceptan sin objeciones las millonarias modificaciones con decretos de necesidad y urgencia, y que hasta toleran que, por primera vez desde la última dictadura, se gobierne este año con un presupuesto diagramado por la sola voluntad del titular del Poder Ejecutivo, también deberían cuestionarse su accionar. El Gobierno, además, también debe cumplir con la función de control de los fondos públicos.

Mientras el sistema del manejo del gasto social permita estas irregularidades, las supuestas malversaciones de fondos que administraba Schoklender podrían repetirse en perjuicio de la transparencia y del bien común.