Mediante un escrito de quince páginas, el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre reseñó las actuaciones vinculadas con la inversión china en la provincia. La intervención de los años 2008 y 2009 resulta un catálogo de irregularidades y requerimientos de intervención judicial todavía sin resolver en el fuero penal. Ahora, con el nuevo acuerdo, llama a la reflexión a los legisladores sobre aspectos que siguen sin aclararse, antes de que avancen con la ratificación.

Río Grande.- El Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre decidió tomar la iniciativa de remitir a la Legislatura una serie de observaciones a ser tenidas en cuenta antes de la ratificación del Convenio Chino II.
En principio aclara que el convenio no le fue remitido ni antes ni después de la firma, pero que tomó conocimiento de su existencia "a través de los medios", vía por la cual además conoce que ingresó a la Legislatura para dicha ratificación.

Efectúa un repaso de las actuaciones previas, que datan de 2008, y en particular habla de los antecedentes al dictamen 57/08, por el cual se expide sobre el primer convenio, que fuera firmado por el ex ministro de Economía Roberto Crocianelli y el secretario de Hidrocarburos Eduardo D´Andrea "en China, el 22/7/08, sin traductor público", observa.

De los datos aportados por las aerolíneas a su requerimiento, el Fiscal recuerda que los funcionarios llegaron a China el 21 de julio a la noche, para firmar el acuerdo al día siguiente y se pregunta "qué se pudo analizar en tan corto tiempo".

El decreto que extiende la estadía de D´Andrea fuera de la provincia, señala que el traslado y estadía a China no generó costos al Estado, situación que dio origen a una investigación penal para ver quién sufragó esos "elevados gastos y el fundamento o justificación para ello".

El repaso incluye las sospechas de pagos indebidos a los legisladores, por lo cual los parlamentarios se "autodenuncian" el 5 de noviembre de 2008.

Otra actuación de ese año, de fecha 24 de noviembre, se refiere a un requerimiento de información a la gobernadora sobre las reservas de gas, inscripción de la empresa TFEQ en la Secretaría de Energía de la Nación e informe de asistencia de Cancillería o Consultado de China. "Nunca fue enviado ni contestado nada al respecto", coloca el Fiscal con mayúsculas.

Tampoco tuvo respuestas a la nota enviada el 28 de noviembre de 2008 a la Secretaría de Hidrocarburos, sobre reservas de gas, y nombres de técnicos y profesionales intervinientes.

En función de esta información sin brindar, más otros datos "contradictorios" a decir del Fiscal, que hizo llegar el área Legal y Técnica, es que efectúa "serias advertencias" a los legisladores, mediante nota recibida por el entonces presidente de la Cámara Manuel Raimbault el 18 de diciembre.

La próxima comunicación del Ejecutivo data de abril de 2009, cuando el ministro Guillermo Aramburu envía un "proyecto de oferta solo, sin expediente ni informes ni dictámenes, que le devuelvo el mismo día por no haber contestado mis anteriores requerimientos".

Cita declaraciones a la prensa del ex ministro Crocianelli, dando cuenta del envío de la documentación a los organismos de control, cuando "nunca" fue enviado a la Fiscalía de Estado, que la recibe por primera vez del Tribunal de Cuentas.

Destaca que el expediente fue enviado al Tribunal "recién el 24 de abril de 2009" y que "sin esperar dictamen y habiendo transcurrido sólo un día hábil, la gobernadora firma la oferta el 28 de abril de 2009".

Cabe señalar que de estas actuaciones y debido a oficios librados en el marco de la investigación penal, el Fiscal fue remitiendo copias a la Justicia.

A las irregularidades se suman denuncias de particulares sobre la vinculación de D´Andrea con empresas hidrocarburíferas y la falta de un estudio de impacto ambiental.

De la investigación de la Fiscalía surge la denuncia de Ríos y Carrió contra REPSOL, en la que ambas sostienen "que las reservas de gas se agotan en 12 años".

Hay un pedido de prórroga para responder a pedidos de información de parte del gobierno, que data el 8 de mayo de 2009, está firmado por el secretario D´Andrea, con "argumentos inaceptables" según el Fiscal, por lo cual deniega el pedido y emplaza a contestar. Además, remite nuevamente las actuaciones al juez y pide que tome medidas.

La denuncia sobre la dependencia de D´Andrea de empresas petroleras resulta comprobada, como también que "durante años y en forma inmediata a su asunción en el cargo el 17 de diciembre de 2007" estuvo vinculado con ellas, señala textualmente.

El 11 de mayo el Fiscal pide "allanamiento y testimoniales a los legisladores", porque se había aceptado el primer depósito de la empresa sin que apareciera la documentación correspondiente ni la anteriormente requerida. Martínez de Sucre dice que finalmente los originales y anexos ingresan dos días después, el 13 de mayo.

"Al día 11 de mayo, con la contestación de Hidrocarburos, tuvimos la certeza de que la gobernadora había firmado la oferta sin siquiera esperar la opinión del Tribunal de Cuentas, al que le había remitido el expediente por demás incompleto sólo un día hábil antes de la firma", sostiene en un párrafo.

Califica de "increíbles" las declaraciones de la gobernadora, realizadas el día 26 de mayo de 2009, asegurando que "no había contrato firmado", cuando era un hecho consumado. El Fiscal decide "alertar" a la jueza interviniente sobre esa firma consumada, pidiendo que investigue la "eventual administración fraudulenta, las contradicciones y ocultamientos, y se solicitan varias medidas procesales".

Sin embargo con fecha 20 de mayo la jueza Cristina Barrionuevo había decidido desestimar la denuncia del abogado Alejandro de la Riva, asegurando que el gobierno incorporó nuevas cláusulas al acuerdo.

Casi contemporáneamente aparecen declaraciones del ingeniero Oscar Suárez, todavía miembro de la OFEPHI, ratificando que no hay reservas de gas comprobadas por el período de vigencia del contrato, y el Fiscal pide a la justicia que lo cite a declarar, además de medidas concretas para que se verifiquen las reservas.

También el Fiscal pide a la justicia que cite a Ricardo Saporiti -quien luego reemplazó a Suárez en la OFEPHI- puesto que siendo director de Capacitación y Proyectos en Hidrocarburos, respondió por los medios a Suárez para señalar que "cuando se acabe el gas, se extingue el objeto del contrato y la empresa no puede reclamarle nada a la provincia".

Esto es interpretado por el Fiscal de Estado como una forma de admitir desde el gobierno que no hay reservas suficientes, y se gira a la justicia.

Todas estas presentaciones fueron enviadas con copia al Fiscal Mayor y además hubo una advertencia al Tribunal de Cuentas de una "catastrófica contratación que acarrearía un millonario e insospechado perjuicio fiscal a la provincia", puesto que en el contrato se compromete provisión de gas hasta el año 2035.

El 23 de septiembre de 2009 el Fiscal pone en conocimiento de toda esta situación a los legisladores "de los cuatro bloques" y les pide que "tomen intervención".

El 7 de octubre el Fiscal decide iniciar una medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia, además de remitir más documentación a la justicia penal por declaraciones contradictorias de la gobernadora y el secretario D´Andrea.

El rechazo de la justicia penal a los requerimientos del Fiscal es revocado en la Cámara de Apelaciones, por lo cual sigue ingresando documentación y solicitudes a Barrionuevo.

Finalmente el 16 de diciembre el Superior Tribunal da respuesta a la medida cautelar y dicta la inconstitucionalidad de la ley 774.

No obstante, pocos días después -el 30 de diciembre de 2009- con la aprobación de la ley 805 se "crea" una nueva forma de contrataciones, que da origen al convenio chino II, firmado el 22 de septiembre del año en curso.

Acuerdo nuevo con errores viejos

Para el Fiscal en este nuevo convenio hay "cuestiones que no han sido corregidas ni aclaradas".

Sostiene que debería incluirse una cláusula de rescisión, en el caso de que la empresa china no cumpla con la inversión prometida en tiempo y forma; como también plazos tentativos, estipulando la pérdida total o parcial de los anticipos pagados.

El Fiscal señala que en este aspecto el convenio bajo estudio resulta "menos claro que el anterior" porque no se prevén mecanismos de verificación del avance de las inversiones.

Agrega que deben establecerse las causales de resolución, rescisión o readecuación del convenio para el caso de agotamiento de reservas; indisponibilidad de percepción de regalías en especie ya sea por modificaciones de la norma nacional o cualquier contingencia no imputable a la provincia; la imposibilidad de cumplir con la provisión del producto en los términos y volúmenes acordados por modificaciones reglamentarias o de la autoridad de aplicación nacional.

Para el Fiscal la forma en que está redactado el acuerdo deja abierta la posibilidad a "interpretaciones dudosas" que pueden exponer a la provincia a eventuales demandas.

"Tales cuestiones no pueden ser omitidas sin poner en grave riesgo los intereses de la provincia", afirma Martínez de Sucre.

Por último el Fiscal ratifica las dudas respecto del precio del gas y la puesta a disposición del mismo. Considera indefinido el parámetro de actualización del valor, que no solamente se referencia a la urea sino al precio de "cualquier producto químico en proceso de producción", ante lo cual el contratante podría elegir alguno que no haya sufrido variación, para efectuar el recálculo.

Estas cuestiones "deberían recibir una nueva mirada de parte del cuerpo legislativo", recomienda el responsable de la Fiscalía de Estado, con un claro mensaje a los parlamentarios antes de que avancen en la ratificación.

La copia a los bloques del escrito fue girada el jueves pasado, por disposición de Fabio Marinello, a cargo de la Presidencia de la Cámara.