Publicado: 31-01-2010
 
Recursos naturales en peligro : Expertos calculan que el 20% del territorio ya fue vendido a personas o empresas de otros países. Pero la Casa Rosada no lo puede precisar, porque no armó la Base de Datos que prometió hace un año.

La Cordillera, los bosques nativos, el Acuífero Guaraní y los ríos más caudalosos del país siguen acechados por el proceso de extranjerización de tierras y están afectados por una legislación que mantiene el espíritu de los años 90 y es considerada una de las más débiles del mundo en materia de protección de los recursos naturales cercanos a las fronteras.

Lo advierten expertos en geopolítica, organismos de control y legisladores de la oposición, en momentos en que los problemas del cambio climático vuelven a sacudir a miles de pobladores.

El Gobierno admitió la "dispersión normativa" en el tema, pero no amplió los requisitos para que los extranjeros extiendan sus propiedades en áreas estratégicas.

Mediante la resolución 166 del Ministerio del Interior, dio de baja a otras 10 resoluciones del menemismo, pero fijó un mapa de las zonas de seguridad en las fronteras, actualizado, con demasiados agujeros. Las zonas de seguridad, establecidas en 1944, están ubicadas en el espacio adyacente al límite internacional: es una franja de 150 kilómetros desde la frontera terrestre y otra de 50 kilómetros a partir de la costa.

Según la resolución 166, de marzo pasado, 89 centros urbanos y localidades, de 14 provincias, quedaron "desafectados en su totalidad del régimen de previa conformidad" que se exige a extranjeros que quieren comprar tierras en los bordes geográficos argentinos. Fue una reafirmación de lo dispuesto por el menemismo en la década del 90.

La Quebrada de Humahuaca, las islas del Ibicuy, el área efer vescente de Gualeguaychú, las zonas vitivinícolas de Tupungato y Tunuyán, Calingasta al norte y Gaiman al sur son algunas de las localidades donde los extranjeros se encuentran con facilidades únicas para expandir sus latifundios.

"Es pérdida de soberanía. No hay país en el mundo con una legislación tan flexible como la nuestra.

En Japón, Estados Unidos o Canadá, los extranjeros no pueden comprar tierras y menos si cuentan con recursos naturales", señala Elsa Bruzzone, profesora de historia y especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional.

La mujer, autora del libro "Las guerras del agua. América del Sur, en la mira de las grandes potencias", (editado por Capital Intelectual) afirma que "el 20 por ciento de la Argentina tiene dueños extranjeros, especialmente en la Patagonia y la Cordillera". Estimaciones cercanas hacen la Federación Agraria y legisladores de la oposición, aunque nadie ha podido validar sus cálculos, porque el Gobierno no da información sobre el tema.

"Cuando Luis D’Elía era subsecretario de Tierras, intentó hacer un catastro de las propiedades en manos extranjeras, pero tampoco pudo acceder a la información.

Quienes lo intentaron, se encontraron con títulos falsos y registros provinciales poco fiables No hay un registro real", dice Bruzzone.

La secretaría de Interior tiene pendiente armar una Base de Datos para registrar la titularidad de los dominios de los inmuebles ubicados en las zonas de seguridad, las operaciones inmobiliarias y las transferencias de acciones o modificaciones de la estructura societaria de las firmas que sean titulares de esos bienes, para detectar engaños en los traspasos. "La Base de Datos se halla en proceso de confección", respondió a Clarín del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tras un pedido de Acceso a la Información. La secretaría de Interior tampoco sabe cuántas solicitudes para comprar tierras presentaron los extranjeros entre 2003 y 2007, durante la administración de Néstor Kirchner.

Para José Luis Dutto, Defensor del Pueblo de Neuquén, la resolución 166 "parece una macana", porque "da la impresión de que flexibiliza el trámite para los extranjeros, que quedarían liberados de muchos requisitos". En su provincia, fueron desafectadas las localidades de Aluminé, Chos Malal, Huiliches, Minas, Ñorquin, Loncopué, Pehuenches, Picunches, Zapala y Collon Cura. "Es zona virgen -subraya-, muy poca población, agua pura, bosques, con comunidades de crianceros, algunas estancias, mapuches. Desde el punto de vista ambiental, el lugar es impecable".

Cuando Dutto recorre el interior neuquino, "se me acercan pobladores para comentarme de nuevas ventas de tierras a extranjeros, que están interesados en zonas de Bariloche, villa La Angostura, Junín de los Andes", mientras que movimientos sociales y del foro `El Agua como Derecho Humano’ "me expresan su preocupación y piden que no se cierren los accesos a los ríos y a los campos".

El ombudsman de Neuquén pide que el Congreso investigue el tema y que el próximo plenario de defensores del pueblo, que se hará en marzo, también lo examine.

Proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados piden más restricciones para la compra de tierras. Uno, auspiciado por la diputada de la Coalición Cívica Susana García, plantea directamente la prohibición a los extranjeros y sus empresas para "la adquisición del dominio y otros derechos reales sobre inmuebles rurales en zonas de seguridad" y lo fundamenta con citas de leyes protectoras de la mayoría de los países latinoamericanos.

Otro proyecto, de la diputada de Solidaridad e Igualdad Verónica Benas, señala que "la mayoría de los expedientes de venta de tierras sobre la Cordillera fueron aprobados por vía de la `excepción’ y Santa Cruz y Chubut son las provincias de mayor incumplimiento".

A esas conclusiones habían llegado especialistas en medio ambiente de la Auditoría General de la Nación, que encabeza el radical Leandro Despouy. En dos informes, el organismo detectó un sinfín de irregularidades en la presentación de documentación por parte de los compradores extranjeros en la Patagonia y la Mesopotamia.

El Gobierno reconoció el problema en la última "Memoria detallada del Estado de la Nación" presentada en el Parlamento. Dijo allí que la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras puso como prioridad "el análisis de expedientes iniciados en los años 2005/2006 sobre Previa Conformidad, advirtiéndose que gran parte de ellos se encontraban con documentación faltante y/o vencida". Intervino un escribano, que pidió por escrito un refuerzo de la documentación en 234 expedientes, aunque sólo obtuvo respuesta en el 20 por ciento de los casos. "El mismo criterio de envío de notas (para pedir más documentación) se sigue para los expedientes 2007/2008", se indicó.

Hoy, la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras dice que hay 216 expedientes "a la espera de documentación" y que "se han instrumentado mecanismos encaminados a fortalecer el control".

En tanto, la provincia de Santa Fe se convirtió en la primera en legislar ante la amenaza directa de que empresas y barcos extranjeros vengan al país a llevarse el agua de los ríos. En noviembre, la Legislatura dispuso la prohibición de la comercialización de agua dulce a granel (potabilizada o no), cuyo fin sea la exportación. 

Las falencias del Estado, según la Auditoria General de la Nación

No existe un mecanismo para controlar si todas las transmisiones de dominio en Zonas de Seguridad cumplen el requisito de previa conformidad".

"Falta una estructura estable del personal técnico y equipamiento tecnológico que permita conocer el universo de las actividades económicas y demográficas existentes en Zonas de Seguridad".

Las conclusiones de la Auditoría General de la Nación son lapidarias. Figuran en dos exhaustivos informes realizados en la región andino patagónica y en la región mesopotámica, reservas de recursos naturales.

El organismo de control descubrió que hay campos en manos de extranjeros imposibles de localizar con las coordenadas que figuran en los expedientes y que no se hace ningún seguimiento de los proyectos de inversión en esos terrenos, requisito imprescindible en estas transacciones.

La mayoría de los expedientes aprobados por las autoridades argentinas no incluyen tampoco estudios de impacto ambiental y entre un 10 y un 40 por ciento de los trámites se canalizan por vías excepcionales.
Pese a lo grave del panorama, nadie recibe sanciones.

En su actuación más cercana, la AGN examinó la labor de la Secretaría de Seguridad Interior en cuanto a cómo controla la compraventa de tierras en Corrientes y Misiones, ricas en vegetación y humedales. "El organismo informa que en los trámites de previa conformidad no se cuenta con ningún manual de procedimiento a aplicar", indicó. Se detectó que el 73 por ciento de los expedientes revisados carecían de estudios de impacto ambiental, el 53 por ciento no tenía copia de la escritura y que el 11 por ciento fue aprobado por vía de excepción. Tampoco hay vinculación con los catastros provinciales y los inspectores se pierden a veces porque no dan con el lugar exacto de la propiedad. Es lo que pasó con la estancia Loma Alta, de Corrientes, a la que se llegó gracias al GPS de un paisano, pero no con la información de la Dirección de Fronteras. En otra verificación in situ en la estancia La Nueva, se constató "la existencia de un área de presenvación ambiental".

En otro informe, sobre el Sur, la AGN indicó que "la posesión de inmuebles en las zonas de seguridad también se vincula con la presencia de agua dulce en cuencas altas de los ríos que atraviesan la región patagónica, de los que son tributarios de lagos, donde resulta indispensable la protección del recurso en virtud de su condición estratégica".

Y también allí encontró fallas.

Tentación para los inversores

A modo de propaganda, el Gobierno mencionó la "abundancia y diversidad de recursos naturales" entre las razones para que los extranjeros inviertan en la Argentina. Lo hizo en el sitio www.prosperar.gov.ar, donde dice: "Argentina es uno de los territorios con mayor abundancia de recursos naturales y mayor diversidad geográfica del mundo".

Es el segundo país más grande de América Latina y el octavo del mundo. A lo largo de sus 2,8 millones de km. cuadrados, Argentina está dotada de un incalculable patrimonio natural: tierras extraordinariamente fértiles (la Pampa Húmeda), cuantiosos recursos forestales (en su mayoría en el Nordeste), yacimientos mineros (a lo largo de los 4.500 km. de la Cordillera de los Andes) y ricos depósitos acuíferos (en sus 4.700 km. de costa atlántica).

"La exuberante belleza y la extraordinaria diversidad de flora y fauna de Argentina se despliegan a lo largo de todo su territorio. Los visitantes quedan sorprendidos con sus lagos azules, altas cumbres, extensas salinas, sitios paleontológicos, valles fértiles, volcanes nevados, bosques subtropicales, desiertos blancos, largos ríos, imponentes cascadas, planicies sin límite y ciudades vibrantes.

Argentina promueve el desarrollo sustentable y la protección de sus recursos naturales". 

Contraste internacional

- Brasil y Chile cuentan con leyes protectoras de sus fronteras, que restringen la extranjerización de esas zonas. Uruguay estudia una ley similar.

- La Constitución de México dispone que "sólo los mexicanos y las sociedades mexicanas tienen derecho a adquirir el dominio de las tierras y aguas".

- La Constitución del Perú establece que "dentro de 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía".

- La Constitución de Ecuador señala que "las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas".

- Paraguay, Guatemala, Panamá y Honduras también imponen limitaciones.