De 1.845 vigiladores privados contratados por el Gobierno porteño, sólo 51 están habilitados
Son datos de las propias empresas de seguridad. Es que, según la Auditoría de la Ciudad, la Dirección de Custodia no tiene información sobre los agentes que prestan servicio en los edificios públicos. Tampoco sanciona las irregularidades de las firmas. En 2007, todas las contrataciones de la dependencia, por más de $ 74 millones, se hicieron sin licitación.
La Dirección General de Custodia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene una base de datos con referencias de los vigiladores privados que prestan servicio en las dependencias públicas. Para hacerse de esa información, la Auditoría porteña (AGCBA) debió acudir a las propias empresas. Así se detectó que de los 1.845 agentes contratados, sólo 51 cumplen con los requisitos de habilitación previstos en la Ley 1913 de seguridad privada.
El informe del organismo de control puntualiza que, de ese universo de agentes, 842 están habilitados parcialmente; 637 no poseen registro, es decir que no existen sus antecedentes en la Dirección de Custodia; y 315 no tienen habilitación.
Entre otros requisitos, la Ley 1913 prevé que los vigiladores deben tener estudios secundarios completos, ser mayores de 21 años, no haber sido condenados o indultados por violaciones a los derechos humanos ni exonerados de las fuerzas de seguridad, salvo por causas políticas, religiosas o discriminatorias.
La AGCBA señala que la Dirección de Custodia “no implementó acciones correctivas frente al incumplimiento normativo de las empresas” con respecto a la habilitación de sus vigiladores.
Esta Dirección centraliza el control de vigilancia integral en todas las dependencias del Gobierno porteño y tiene la misión de resguardar el patrimonio con agentes propios y a través de empresas privadas.
El informe de la Auditoría, aprobado el año pasado sobre datos de 2007, afirma que durante el período analizado “el 100% de los gastos de servicios de seguridad privada se abonaron basados en el decreto 1370/01”. Esta normativa habilita a hacer erogaciones “de imprescindible necesidad” sin pasar por el régimen de contrataciones vigentes. La AGCBA añade que, en materia de proveedores de servicios, esto es, en contratar a las empresas de seguridad privada, se realizaron gastos por $ 74.574.843,13.
La “ausencia de contrato entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores privados de servicios de seguridad” provoca que la Dirección de Custodia “no aplique ningún tipo de sanción ante los incumplimientos vinculados a la calidad de la prestación”, dicen los auditores y adjuntan: “Solamente no se abonan las horas de servicios no prestadas”.
Por otra parte, durante el lapso auditado la Dirección no efectuó acciones para actualizar la capacitación de su personal.
Según el trabajo de la AGCBA, “las actividades (de la Dirección) no se encuentran encuadradas en un Plan Integral de Seguridad que relacione y coordine las demás iniciativas que (en esa materia) lleva adelante el Gobierno de la Ciudad”. De hecho, se destaca la “escasa coordinación entre organismos del mismo Ministerio (de Justicia y Seguridad), Dirección General de Seguridad Privada y Dirección de Custodia de Bienes y Edificios”, que determina que el Gobierno porteño “exija que se cumplan normas en el ámbito privado que no se cumplen en el ámbito público”.