Confirman que no hubo ninguna auditoría sobre costos en una obra de tendido eléctrico en Santa Cruz y en consecuencia desmienten que pudiera hablarse de sobreprecio, según tergiversó una versión.

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, confirmó que ese organismo no realizó una auditoría sobre costos en una obra de tendido eléctrico en Santa Cruz, por lo que "no podríamos hablar de sobreprecios porque tendríamos que comprobarlo y no hicimos una auditoría sobre eso".

Despouy lamentó que la "tergiversación" que tuvo el informe inicial haya dañado "no sólo a la institución sino también arrojó ciertas sombras sobre las autoridades del Estado y sobre una empresa que probablemente no lo merece para nada".

El titular de la AGN señaló que el informe que tuvo difusión "dice concretamente, textualmente, no se ha podido realizar una auditoria de costos, pero ante la circunstancia que la propia Secretaría de Energía ha señalado que las diferencias de costos entre un tramo y otro es del 48%, se justifica, se impone la necesidad de llevar a cabo una auditoría específica".

En este sentido, Despouy anunció que "muy probablemente pronto" iniciarán la "auditoría específica" para evaluar las "diferencias en los costos de adjudicación".

En otro orden, el titular de la Auditoría General de la Nación había cuestionado la reforma que el oficialismo impulsa en el organismo.

En ese sentido, y por su parte, el miembro de la Auditoría General de la Nación Osear Lamberto salió a refutar la versión. El auditor consideró que es "falso" que se pretenda avanzar sobre la independencia del organismo y explicó que el proyecto para modificar el reglamento interno del cuerpo "tiene que ver con la naturaleza de las reuniones públicas".

La semana pasada, el cuerpo colegiado produjo un impacto mediático cuando aceptó públicamente las solicitudes que se habían cursado para la asistencia en los debates, aseverando que se trataba de un "derecho" y no de una "concesión".

En tales circunstancias, el titular del cuerpo hizo alusión a una nutrida jurisprudencia del orden nacional e internacional y a garantías de acceso a la información consagradas por la Constitución.

Ahora Lamberto, uno de los auditores que salió a fijar posición, agregó que" hemos pedido que todas las reuniones del colegio de auditores sean públicas, con la única limitación del espacio físico", según señaló el ex diputado justicialista en declaraciones radiales.

En la agenda de trabajo de Lamberto figura la necesidad de llegar a un acuerdo consensuado entre oficialismo y oposición.

"Le hemos pedido al bloque de auditores del bloque del radicalismo que corrijan el proyecto, que lo modifiquen, que lleguemos a un acuerdo de un reglamento único" para el cuerpo, sugirió.

En otro campo, Lamberto salió a cruzar al titular del organismo, Leandro Despouy, por la difusión del informe a un matutino porteño, acerca de un supuesto informe referido a sobreprecios en una obra de tendido eléctrico, al entender que "la Constitución dice con toda claridad que el control es una facultad del Congreso de la Nación".

El presidente del organismo de control criticó que "si se aprueban estas decisiones en donde la prensa y la comunicación y otras cuestiones vinculadas a la forma en la que se organizan las decisiones del colegio quedarían en manos del oficialismo, se caería en una especie de travestización del control externo en una especie de autocontrol del oficialismo", estimó.

El auditor refutó que "esta pertenencia al Congreso tiene que ver con la construcción de las mayorías en el Congreso y la construcción de las mayorías en la Auditoría".

En esa dirección de pensamiento, "si hay una mayoría determinada en el Congreso, se va a replicar inevitablemente en cualquier cuerpo colegiado que dependa del Congreso y la AGN depende del Congreso", insistió Lamberto.

La primera sesión abierta al público de la Auditoría, el jueves pasado, proyectó el funcionamiento interno del organismo de control.

La recién ingresada al cuerpo, Vilma Castillo, planteó una cuestión de privilegio "refutando terminantemente las declaraciones públicas realizadas por el presidente, doctor Despouy", en cuanto a su persona, reservándose además "las acciones inherentes al ejercicio del derecho" de su defensa "donde pudiera corresponder".

La auditora había sido cuestionada por Despouy en su "independencia" y "objetividad técnica" en un programa televisivo, considerando que dichas manifestaciones eran "por demás agraviantes" no sólo en el plano personal sino que se extendían al legislativo.

La intervención del integrante del bloque oficialista Francisco Fernández también exhibió una actitud contra la manera de conducirse de Despouy, a quien se le recriminó que atribuyera a algún bloque "esconder" expedientes que pudieran perjudicar al Gobierno.

La versión había partido de un artículo firmado en el diario La Nación, sobre el que el auditor se mostró indignado, solicitando al cuerpo que se expidiera al respecto.