Publicado: 07-08-2011 
  
Río Negro.- Es por la obra de remodelación del Concejo Deliberante por unos $ 500.000.

El Tribunal de Cuentas le pidió al Concejo Deliberante que no avance con la de contratación directa de la terminación del edificio del Legislativo, obra que ronda los 500 mil pesos. El órgano de contralor solicitó un informe con carácter de urgente para conocer a fondo la situación y les requirió a los ediles que se abstengan de continuar con el proceso. 

La obra de finalización del edificio del Concejo Deliberante genera polémica en Allen y el tema ya ha captado la atención de los cuatro miembros del Tribual de Cuentas. Es que la semana pasada y por mayoría, los concejales sancionaron una ordenanza para contratar de manera directa a la constructora "Const-Allen", empresa que cotizó una suma cercana a los 500 mil pesos para concluir lo que queda de la obra ampliación del Deliberante.

Ayer el Tribunal de Cuentas envió una nota al Concejo solicitando un informe exhaustivo sobre la contratación en cuestión, estableciendo además plazos para la contestación. Trascendió que un constructor local que habría cotizado para hacerse cargo de la obra, se presentó ante el órgano de contralor para marcar una serie de presuntas irregularidades, hecho que podría haber motivado la intervención del Tribunal de Cuentas.

No es la primera vez que el Deliberante recurre al recurso de la contratación directa. Lo hizo también durante esta gestión para terminar la primera parte de la ampliación del edificio del Legislativo, que había quedado paralizada por una serie de desencuentros que en su momento vincularon al Ejecutivo, al Legislativo y a la empresa Servicons que realizaba la obra.

En esa oportunidad la contratación directa se justificó, en parte, teniendo en cuenta un informe de la ART que señalaba que, debido al mal estado de las instalaciones y a las escasísimas dimensiones físicas de los espacios laborales, el personal municipal trabajaba en condiciones de hacinamiento. Pero ahora la situación es completamente distinta porque las comodidades son otras y si bien el mecanismo de contratación es una atribución que puede tomarse el Legislativo, no parecieran existir elementos de peso para la realización de una litigación pública, opción que daría mayor transparencia al proceso y que le permitiría participar en el mismo a todas las constructoras interesadas, sin caer en la arbitrariedad que puede sugerir - en algunas situaciones - una contratación directa.