"Trabajamos con una computadora para diez fiscales, los revisores no tienen elementos para trabajar y nos cuesta conseguir los viáticos para viajar al interior. Es claro que el presupuesto no es acorde con las funciones de un organismo de control moderno", afirmó Bruno Eduardo Paprocki, vocal de la división Central y Entes Autárquicos del Tribunal de Cuentas de Misiones.

Las palabras de Paprocki, una de la autoridades del Tribunal, concuerdan con la de los empleados del Ente, quienes sostienen que trabajan en una situación de suma precariedad.

"Nos alegra la visión realista que tuvieron las autoridades. Es importante porque partimos del mismo punto, la necesidad de infraestructura, oficinas, una situación edilicia distinta  para que se evite la situación de hacinamiento en la que estamos hoy", indicó Héctor Díaz, empleado del Tribunal y miembro de la Comisión Normalizadora de la Asociación de Personal de Organismos de Control en Misiones (Apoc).

Los inconvenientes para el organismo comenzaron en 1992 cuando, por decreto del ejecutivo provincial, se separan del Poder Judicial e independizan sus actividades como un organismo separado.

"Ese decreto nos despegó de la justicia, y tenía como fin crear un escalafón propio para el personal del Tribunal, con equipamiento propio y en condiciones de misma función, mismas remuneraciones", afirmó Díaz.

Una odisea laboral

Los inconvenientes con los que conviven los trabajadores del organismo alteran sus jornadas laborales.

Desde la falta de insumos, y la compra de los mismos por parte de los empleados, hasta tener que viajar en colectivo, y sin viáticos, a los municipios del interior para realizar controles; son situaciones ya comunes para los miembros del Organismo encargado de controlar las finanzas del Estado Provincial y de las municipalidades.

El Tribunal funciona hoy en tres edificios separados. Dos sobre la calle Buenos Aires, y el otro, donde funciona el control de municipalidades, está sobre Junín. Todos en pésima situación edilicia. En este último edificio no hay conexión a Internet, y en ninguno de los tres hay computadoras suficientes para todos los empleados que se desempeñan en el organismo.

Una situación similar se da cuando se realizan los controles en las dependencias del Estado, o en las municipalidades de la provincia, donde los empleados deben solicitar que se les preste una computadora durante su estadía para poder trabajar, ya que el Tribunal no cuenta con máquinas portátiles para los controles in situ.

"Si vas a un control in situ, en una Municipalidad o en una dependencia, tenés que estar esperando que te presten una computadora, porque notebook no tenemos", afirmó Mauricio Figueredo, revisor de cuentas del Tribunal provincial.

En estas condiciones los trabajadores deben controlar cómo se utilizan los recursos del Estado provincial, unos 4 mil millones de pesos, y los recursos de las municipalidades, que en total rondan los 600 millones de pesos.

El otro problema, los salarios

Además de los problemas en torno al funcionamiento, hay que agregar que los salarios de los empleados están congelados desde 1992, al igual que el escalafón y la carrera administrativa. El sueldo básico, mínimo y blanqueado de un empleado del Tribunal ronda los 400 pesos, los adicionales y los aumentos en negro, llevan ese básico 1.150 pesos que reciben cada mes el empleado, la mitad que en otros organismos del Estado.

"Personas con la misma función y responsabilidad que nosotros, pero en otros organismos de la provincia, están en el doble del sueldo que nosotros, esa es la relación hoy", afirmó Figueredo.

En la misma línea se manifestó Paprocki ante los diputados, al hablar de los sueldos de los trabajadores del Organismo de control. "El personal no gana un sueldo acorde a las funciones que cumplen", dijo el funcionario del Tribunal.

Otro de los reclamos relaciona a la situación laboral y a los salarios: "Es la urgente necesidad de actualizar los básicos y que se descongele la carrera administrativa".

Además solicitan que deje de ser el Poder Ejecutivo el que clasifique los cargos en los que se contratará nuevo personal, para que pueda ser el organismo el que, en base a un estudio de necesidades, defina en qué sectores se necesita personal.

La solución es política

La solución de estas situaciones, según los representantes del gremio, es una decisión política, y esperan lograrla, en poco tiempo más, por medio del diálogo.

"Lo que nosotros estamos pidiendo a las autoridades es una mesa de diálogo para el estudio de la situación general. Para determinar una estrategia institucional y conseguir una recomposición salarial consensuando una estrategia institucional para todos", afirmó Héctor Díaz.

Las soluciones deben llegar desde la política, un presupuesto acorde al funcionamiento de un organismo de control sería de un uno por ciento sobre el total del presupuesto de la Provincia, esto sería lograr que el próximo año el presupuesto del Ente de control sea de 44 millones de pesos. De esa manera se llegaría a un funcionamiento normal del organismo.

Este año el presupuesto del Tribunal fue del 0,48 por ciento del provincial, cerca de 15 millones de pesos. Esperan que para el próximo año se logre, al menos, pasar los 20 millones de pesos para poder avanzar en mejoramientos técnicos, salariales y la compra o construcción de un edificio único para la entidad.