Las empresas que tienen concesiones en el puerto de Buenos Aires, amén de ser filiales de los principales operadores portuarios del mundo -de la danesa APM Terminals, en terminal 4; de la hongkonesa Hutchison Port Holdings, en la 5; y de la dubaití DP World, en las 1, 2 y 3- están en una situación endeble. No tienen mayores novedades respecto de sus concesiones, es decir, la voluntad oficial de renovación o revocación de las mismas. Y están perdiendo millones de dólares por la caída del comercio exterior argentino, algo que sus casas matrices seguramente contemplan, sensibles a lo global del fenómeno.

Un costado puramente "local" es el canon locativo que ronda el medio millón de dólares anual que le depositan a la Administración General de Puertos (AGP).

Esta tasa sería una moneda de negociación en los días que corren. Y no conformaría el único tironeo que involucra a los concesionarios con la autoridad de control.

La Auditoría General de la Nación (AGN) criticó duramante las "formas" de la AGP en su informe de revisión del cumplimiento de las condiciones contractuales de la terminal 4.

El informe tiene seis meses, pero vio la luz la semana última en el portal lapoliticaonline.com.

Lo llamativo del reporte son, justamente, sus limitaciones: los auditores señalan que la falta de un sistema contable y de información apropiados en la AGP impidieron efectuar el relevamiento y seguimiento de los circuitos administrativos y la implementación de políticas de control interno, lo que redundó en la imposibilidad de valorar conforme a derecho información clave no sólo para la AGN, sino para los actores de la cadena logística del comercio exterior.