Justicia española citó a funcionarios de la Sepi
Publicado: 10-02-09
Un juez español citó ayer a declarar como imputados a dos ex directivos y un actual alto cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por presuntas irregularidades en la utilización de fondos públicos concedidos por ese organismo para cancelar las deudas de Aerolíneas Argentinas.
A través de una resolución, el juez Ignacio Bigeriego acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se cite como imputados a Pablo Olivera, Juan Massó y Juan Gurbindo, que en 2001 desempeñaban los cargos de vicepresidente, director general y director de Administración y Recursos de la SEPI, respectivamente.
Gurbindo es el único de los tres citados que permanece en la SEPI, con el mismo cargo que en 2001. En esa fecha la sociedad estatal transfirió la titularidad de Aerolíneas al grupo privado español Marsans.
La citación como imputados, solicitada también por el abogado Rafael Caro Moya, no presupone que sean responsables de los hechos investigados. Pero la casualidad hizo que fueran citados dos durante la visita de Cristina de Kirchner a Madrid y cuando los dos gobiernos se chocan por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. Todos ellos deberán comparecer ante el juez el próximo 17 de marzo para explicar el documento que «pretendidamente» firmó la SEPI en octubre de 2001, por el que se entregaban 300 millones de dólares a Interinvest (del grupo Marsans) para cancelar deudas de la empresa.
Según el escrito de la Fiscalía, ese documento no fue remitido por la SEPI al Tribunal de Cuentas español para la elaboración del primer informe de fiscalización sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas.
Además, la investigación señala que Air Comet (del grupo Marsans), la empresa que se adjudicó Aerolíneas en el proceso de privatización, utilizó el dinero de la SEPI para comprar los créditos de los acreedores de la compañía aérea.
Ello le permitió convertirse en el principal acreedor en el procedimiento de suspensión de pagos que se tramitaba entonces en la Argentina.
De esta manera, Air Comet logró que se aprobase el convenio de acreedores de Aerolíneas con una quita (parte de la deuda que se acuerda no pagar) del 60% y un pago de sólo el 40% de las deudas.