raíz del corte de subsidio estatal a 44 comedores comunitarios que decían funcionar normalmente y presentaban serias irregularidades (tema que fue abordado en la edición de la víspera) en el departamento La Capital, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías, aclaró que en primer lugar, a partir de estos resultados, el Ministerio va a concretar "una formalización del mecanismo de inspección, para extenderlo a toda la provincia".

Farías explicó que hasta ahora "iba un personal nuestro y labraba un acta, pero este procedimiento de constatación debe perfeccionarse".

"A todos los que recibían subsidios, el Ministerio les solicitó oportunamente una declaración jurada, donde debían figurar datos precisos, como dónde funcionaban, horarios, población atendida y el listado de los beneficiarios; esto nunca se había requerido".

De los 44 comedores comunitarios, la mitad no respondió a la declaración jurada, y quedó directamente fuera de los subsidios. A los demás, se les practicaron inspecciones con nuestro personal, para el control de horarios y cantidad de comensales atendidos. Farías refiere que, en algunos casos, los inspectores verificaron que éstos eran muy pocos; en otros no se encontró a nadie y en otros, había una gran diferencia entre lo que habían declarado y la cantidad de gente que se atendía. "Pero lo que debemos hacer ahora es hacer lo más formal posible este mecanismo de control, y para ello, contaremos con la asistencia de la Sindicatura General de la Provincia, para construir un modelo de control, con penalidades que tengan una graduación, es decir, desde el apercibimiento, hasta darlos de baja", indicó el ministro.

El titular de la cartera social sostuvo que se les cortó el subsidio, además de a aquellos que no habían respondido a la declaración jurada, a los que se les verificaron irregularidades. "La mayoría no hizo ningún reclamo luego del retiro del subsidio, y unos pocos presentaron quejas, que se están evaluando. Algunas irregularidades se han ido corrigiendo, pero de todas maneras, debe quedar bien clara la modalidad de prestación y quiénes son los beneficiarios. Hay casos en que han solicitado, por ejemplo, tener comedor sólo para los fines de semana, para dar un ejemplo", expresó.

Ante la pregunta de si estas actuaciones se llevarán a la Justicia, dijo que sí. "Se están perfeccionando las pruebas para que tengan la mayor fortaleza posible. Nuestra actuación inmediata es elevar todo a la Fiscalía de Estado, y luego de la intervención de este organismo, recurrir a la Justicia", respondió el ministro.

Las actuaciones se elevarán a Fiscalía de Estado como paso previo de presentarlas en Tribunales, precisó el ministro Pablo Farías.