A exactamente tres meses de la nacionalización de las AFJP, el Gobierno sigue sin crear los organismos de control que la ley exige para el uso estatal de sus fondos. Pero además, según un cálculo del diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur), la ANSES ya asignó para obras públicas, futuros pagos de deuda y planes de incentivo al consumo un total de 68.110 millones de pesos desde el fin del sistema privado.

El monto alcanzaría para cubrir un incremento del 30% en todos los haberes jubilatorios de reparto. Junto con la denuncia, a la que tuvo acceso exclusivo Crítica de la Argentina, Lozano presentó un proyecto en el Congreso para que la Comisión Bicameral de control empiece a funcionar y para que el Gobierno tome como "provisoria" la asignación de fondos que ya hizo sin seguir el trámite legal.

"Lo que buscan es conformar los organismos de control cuando ya tengan asignados todos los recursos", opinó Lozano ante este diario. Desde la ANSES, que conduce Amado Boudou, replicaron que "ya se está trabajando con quienes van a formar parte de la comisión". También argumentaron que "es un control ex post, donde el Gobierno hace las cosas primero y después se controlan, como hace la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)". La falta de controles había sido denunciada por este diario el 8 de febrero último (ver facsímil).

Según la ley 26.425, que dispuso el fin de las AFJP, el uso de los ahorros previsionales nacionalizados debía estar controlado por dos organismos distintos. El artículo 11 sujeta a la ANSES a la supervisión de una Comisión Bicameral integrada por el oficialismo y la oposición.

El artículo 12 instruye al ente que dirige Boudou a crear un Consejo del Fondo de Sustentabilidad del sistema, para el monitoreo interno de sus recursos, que deberían integrar gremios, cámaras empresariales y representantes de la clase pasiva.

Ambos cuerpos aún brillan por su ausencia. Así, hasta ahora, los recursos a los que echó mano el Ejecutivo fueron asignados directamente por Boudou y por el encargado de administrar el Fondo de Sustentabilidad, Sergio Chodos.

Lozano estimó en $68.110 millones el total de recursos repartidos desde la nacionalización.

Hubo $3.100 millones para la compra de autos cero kilómetro, $650 millones para la compra de taxis, $3.500 millones en créditos para electrodomésticos, $3.000 millones en créditos a las pymes, $1.700 millones de crédito para el agro y $1.250 millones en crédito para las empresas industriales.

A esos planes de incentivo para el consumo de la clase media se suman las obras públicas que se financiarán con los recursos de los jubilados. Ya se licitaron $10.900 millones para la construcción de viviendas, $4.074 millones para el soterramiento del Sarmiento, $2.500 millones para la construcción de centrales térmicas y $890 millones en un crédito para que AySA construya dos plantas potabilizadoras.

El Presupuesto 2009, además, tiene previstas obras con plata de la ANSES por $13.153 millones más. Y también se espera que el superávit del ente previsional –que rondará los $18.000 millones– se transfiera al Tesoro para cumplir con los vencimientos de la deuda pública.