En plena discusión presupuestaria en el Congreso, los resultados de una encuesta sobre transparencia presupuestaria ubican a la Argentina en la mitad de la tabla, junto a un conjunto de países que ofrecen alguna información al público en sus documentos presupuestarios. Según la metodología de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2010 del International Budget Partnership (IBP) -y tal como sucedió en 2008- nuestro país obtuvo 56 puntos en una escala de 100, lo que evidencia que el Gobierno provee al público sólo alguna información sobre sus actividades financieras y presupuestarias en el transcurso del año fiscal. Este índice ubica a la Argentina en una posición intermedia, detrás de Colombia (61 puntos), Perú (65), Brasil (71) y Chile (72). Otros países de la región, como Venezuela (34), Ecuador (31) y Bolivia (13), que proveen poca o mínima información presupuestaria, se ubicaron por debajo de nuestro país. 

El relevamiento toma 94 países y, a partir de 92 preguntas, calcula el nivel de transparencia presupuestaria relativa de cada nación. La Argentina elabora cuatro de los ocho documentos que mide la encuesta. El Gobierno no produce un documento preliminar de calidad, ni presupuesto ciudadano, ni revisa su presupuesto a mitad de año. Tampoco produce un informe de auditoría completo que abarque una parte significativa del Presupuesto Nacional. 

Adicionalmente, el control del presupuesto que realiza el Poder Legislativo en nuestro país es insuficiente. Entre los documentos que sí produce y publica nuestro país se encuentra el Presupuesto aprobado, que es uno de los insumos más exhaustivos y el punto de partida para monitorear la ejecución del mismo. También en esta línea se integran los informes entregados durante el año, que muestran el estado de ejecución presupuestaria. En una situación intermedia, la propuesta de presupuesto del Poder Ejecutivo, que revela las prioridades de política del Gobierno, no contiene toda la información que las buenas prácticas internacionales indican. El documento se publica, pero no presenta información suficiente sobre el impacto de los supuestos macroeconómicos, ni información sobre los resultados y las metas físicas de las políticas presupuestarias. 

Sin esta información, el público no puede conocer la verdadera situación fiscal del Gobierno ni el impacto esperado en la vida de los ciudadanos. Además, el informe de fin de año, que compara la ejecución real con el presupuesto aprobado, omite, por ejemplo, explicaciones acerca de los motivos para explicar diferencias entre la información original y el resultado real. Finalmente, la Auditoría General de la Nación realiza numerosos informes de auditoría de las cuentas presentadas por el Gobierno, pero no publica un documento que integre los resultados de esos informes en uno que abarque al Gobierno nacional. 

El documento debería al menos informar si se han recaudado los ingresos y gastado los fondos públicos de acuerdo con el presupuesto autorizado, si la contabilidad pública es equilibrada y si hubo contrariedades en el manejo de los fondos públicos. Este tema se torna especialmente relevante debido a la existencia de los "superpoderes" y al uso de Decretos que permiten hacer significativas modificaciones al Presupuesto.