Publicado: 27-10-2011

Córdoba.- Después de dos años, se completó el análisis contable sobre Gamsur. Ahora, los técnicos de cada una de las partes harán su propio dictamen.

Después de dos años de espera, finalmente llegó la pericia contable que será clave para determinar si la empresa mixta Gamsur le cobró de más al Municipio de Río Cuarto en concepto de mayores costos cuando la mayoría de las acciones estaban en manos del Estado. Esa pericia, que se remonta hasta 2005, se generó después de que quienes entonces eran directores privados, Alcides Capello y Juan Carlos Masoero, fueran imputados por fraude contra la administración pública en grado de tentativa.

Hasta ahora, no se dieron a conocer las conclusiones. Durante los próximos 10 días, a pedido de los abogados defensores, las conclusiones del estudio serán estudiadas por los peritos de cada uno de los imputados, que presentarán sus propias conclusiones. Recién después, el fiscal Walter Guzmán determinará si el informe pericial le alcanza para tomar una decisión -por ejemplo ampliar las imputaciones a más actores- o si necesita ampliar las pruebas o pedir más declaraciones testimoniales.

De todas formas, la pericia contable -que fue realizada por un contador que trabaja habitualmente para la Justicia riocuartense y por un cordobés que integra el equipo ténico del Tribunal Superior- es la prueba más importante porque de allí surgirá si la empresa mixta intentó estafar al Estado municipal con el cálculo de mayores costos.

En un principio, la investigación se circunscribió a 2008, cuando surgió una controversia por 12,6 millones de pesos. Esa era la cifra que reclamaron los privados pero, según los cálculos de la Secretaría de Economía, no correspondían más de 7,5 millones de pesos. El Tribunal de Cuentas opinó, por su parte, que la cifra justa era de 5 millones de pesos. Esa diferencia hizo que el interbloque de concejales de la Coalición Cívica y el FreGen fueran a la Justicia. En principio, la causa se limitó a ese año pero Guzmán decidió ampliar la investigación y extenderla hasta 2005 para comprobar si existió el fraude y, en ese caso, qué magnitud alcanzó.