Publicado: 01-06-2011
 
Mendoza.- La DPV gastó casi 200 mil pesos en pintura y fue estafada por una empresa. Sin embargo, y después de dos años, la repartición aún no ejecuta la garantía a su favor. Además, el organismo de control también detectó irregularidades en neumáticos y celulares.

Un fallo demoledor del Tribunal de Cuentas de la provincia puso al desnudo los procesos burocráticos rudimentarios y hasta casi irregulares que se producen en la Dirección Provincial de Vialidad.

El caso más notorio es el de una empresa proveedora de pintura para demarcación de caminos que actuó de manera fraudulenta perjudicando a la repartición pública. La firma "328 SRL" se embolsó $ 193.000 pero a la hora de cumplir con su parte del contrato, entregó envases que contenían menor cantidad de pintura que lo establecido en el pliego. Vialidad comprobó la estafa casi de inmediato.

No obstante, transcurrieron seis meses para dictar la caducidad del contrato y otros seis meses más para notificar a la empresa. Dos años después de comprobado el hecho, la DPV todavía no ejecuta la garantía a su favor.

"Son procesos que llevan su tiempo y estamos efectuando los actos útiles para proceder a la ejecución" dijo, a Los Andes, Enrique Soler, titular de Vialidad.

La Dirección Provincial de Vialidad depende funcionalmente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte que conduce el hoy ministro-candidato del justicialismo, Francisco Pérez.
En el fallo 15.666 de fecha 20 de abril pasado, el Tribunal saca a relucir varias falencias en los mecanismos de control y ejecución de la institución vial.

Hay empleados que solicitaron líneas telefónicas que nadie autorizó pero que, por supuesto, igual fueron otorgadas.

Hay omisión de registros y falta de control en la entrega y el stock de cubiertas. En resumidas cuentas, nadie sabe qué hacen con las cubiertas que cambian a los vehículos de la repartición. Está acreditada la entrega pero no se constata la devolución del material de rezago para su decomiso.

Entre las observaciones que formula el Tribunal deja constancia del "riesgo" potencial que significa que "las cubiertas nuevas entregadas no sean colocadas efectivamente en los vehículos" de la repartición.

Otro de los aspectos negativos que detectó el organismo es el gastos excesivo en telefonía celular por parte del personal y la inacción para proceder al recupero de lo abonado. Las planillas con el detalle del exceso curiosamente se extraviaron.

En el extenso y descriptivo documento que emanó del Tribunal, hay un amplio despliegue sobre el tema de la pintura. Esta situación data de junio de 2009.

En el fallo, el órgano de control condenó "la excesiva morosidad de las acciones tomadas y la falta de un adecuado control de los productos recibidos".

En el detalle figura el pago que efectuó Vialidad a la orden de 328 SRL por $ 119.322 "sin haberse verificado que los productos recibidos fueran los adjudicados". Luego la DPV emitió un segundo pago por $ 73.710, el mismo día que ingresó la denuncia por la notoria diferencia de volumen que contenían los envases. Según el estudio volumétrico que solicitó la repartición, los tarros superaban tímidamente los 16 litros cuando debían tener 20.

Pese a comprobar fehacientemente el accionar fraudulento de la empresa, procedieron a dejar sin efecto el contrato, seis meses después. Paso siguiente notificaron a 328 SRL aunque para formalizar este acto administrativo se tomaron otros 180 días. Dos meses más tarde, se enteraron de que el domicilio legal de la empresa era trucho.

En diciembre de 2010, el Tribunal deja constancia de que la repartición "aún no había ejecutado la garantía de adjudicación".

Ante esta situación, Soler se mostró reticente a dar mayores detalles y dijo que prefería explicar lo sucedido con todos los expedientes en mano en su oficina.

Igualmente, puso énfasis en remarcar que "estamos actuando y se están haciendo los pasos que corresponden".

Además, el titular de Vialidad confió que "la pintura la estamos usando", porque "les pedimos que la retiraran y la empresa no actuó". El funcionario no fue muy expeditivo sobre el caso pero se tomó el tiempo para destacar que en gestiones anteriores "nadie hacía controles". "¿Quién sabía con qué se pintaban las rutas? Nosotros quisimos hacer las cosas mejor", atinó a responder.

Ante las irregularidades detectadas en los distintos casos, el Tribunal sancionó a funcionarios de DPV con $ 2.200 en multas, en total.