Publicado: 24-11-08

Aún no hay posicionamientos oficiales, pero trascendió que hay disconformidad en algunos parlamentarios sobre el informe remitido desde el Ejecutivo. Afirman que en líneas generales no aporta nuevos elementos que permitan definir posicionamientos.

Río Grande.- Las fuertes presiones que desde el Gobierno se ejercieron sobre la Legislatura instando a una rápida definición sobre la suerte del convenio firmado con empresarios chinos par la instalación de una planta productora de metanol en el norte provincial, tuvo como respuesta un pedido de informes al Ejecutivo por parte de los bloques de la oposición, con 50 requisitorias que le permitieran despejar sus dudas sobre la viabilidad o no de la continuidad de la polémica iniciativa.

La respuesta desde el Gobierno al cuestionario de los parlamentarios se demoró, al punto que varios de los legisladores manifestaron su descontento público y advirtieron sobre la imposibilidad de avanzar con el análisis del proyecto hasta tanto no tuvieran la información requerida.

Paralelamente, la Fiscalía de Estado primero y el Tribunal de Cuentas después, emitieron sendos dictámenes cuestionando duramente el acuerdo, lo que motivó una rápida respuesta desde el Gobierno defendiendo el proyecto.

En tanto, la semana pasada el Ejecutivo envió, firmado por el secretario Legal y Técnico, Eduardo Olivero, un escrito en el responde los requerimientos de la Cámara.

Si bien aún ni hubo posicionamiento oficial de parte de legislador alguno, algunos legisladores consideran que en líneas generales no aporta nada nuevo a lo ya informado desde el Ejecutivo a la Cámara.

En ese sentido, parlamentarios de los tres bloques manifestaron en off su disconformidad con las respuestas, que en líneas generales respaldan el convenio, por ejemplo, en lo que refiere a los mecanismos utilizados para la venta de gas al grupo inversor y la determinación de los valores del mismo, fijado en 1,80 dólares el millón de BTU del fluido.

También considera escasas las precisiones sobre el posible impacto ambiental del emprendimiento, sobre lo cual se hará una audiencia pública el 15 de diciembre.

El documento del Ejecutivo defiende el mecanismo de contratación directa para la venta de gas de regalías en función de lo establecido en la resolución 232/02 de la Secretaría de Energía de Nación -pero sin explicitar si ésta resulta de aplicación al caso, por lo que subsiste la duda sobre si la Provincia adhirió a esa resolución y si la pretendida contratación se encuadra dentro de la modalidad de "precios públicos del mercado interno".

Además, por tratase de una operación de colocación directa de regalías en especie -las que define como tributo- y no de una operación de venta de un recurso natural.

En tanto, respecto al valor de venta acordado, se tomaron en cuenta "las referencias que existen en el mercado de transacciones de gas", y que el mismo "surgió de una negociación entre las partes" en función de "las específicas condiciones que surge del acuerdo (pago anticipado sin costo financiero)".

Como argumento de peso a favor del valor acordado, se pone de relieve el hecho de que si la provincia tuviera que buscar la misma suma en el mercado financiero (se refiere al pago anticipado de cerca de 100 millones de dólares de dinero por la compra de cerca de 3 años del gas de regalías) los costos no tendrían punto de comparación con la operación que se pretende concretar", y se afirma que la misma "no ha sido pautada bajo la figura de endeudamiento".

Si bien se acordó que la empresa comenzará a desembolsar el pago anticipado de las regalías, el Gobierno reconoce que "no está definido" qué sucederá con los montos anticipados si finalmente no se concreta la inversión. En ese caso, se apelará "al procedimiento de solución amistosa y arreglo de controversias, previsto en la propia documentación, lo mismo que cualquier tipo de conflicto que pudiera surgir".

Se niega de manera terminante haber obviado el asesoramiento y control de al Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas, asegurando que esa instancia de control previo no resulta obligatoria ya que "la redacción del convenio o documentación pertinente está dentro de las legítimas facultades del Ejecutivo, quien así define las razones de oportunidad y conveniencia que hacen al interés público", y a que de la documentación en cuestión "no existe orden alguna de disposición de gasto público respecto de la operación".

En relación a la coparticipación de esos recursos a los municipios, se afirma que "esta cuestión será regida por la legislación vigente, y en todo caso será explicada ante las autoridades pertinentes y a su requisitoria".

Por otra parte, la respuesta del Gobierno enfatiza que la empresa Tierra del Fuego Energía y Química SA "ya tomó la decisión de instalarse" en la provincia y es "la única empresa en el mercado provincial", por lo que "los volúmenes de gas que no provea la provincia los buscará en el mercado de productores". En tanto, no está definido el inicio de la construcción de la planta.

Tal como se especificara en el acuerdo original, se ratifica que la inversión estimada será de 360 millones de dólares, con una generación de mano de obra para 180 ó 200 de las cuales el 70% podrá ser extranjera.