El poderoso empresario patagónico Cristóbal López, ahora investigado por la Justicia en Chubut, figura en otro expediente incómodo. Se trata del análisis que efectuó la Auditoría General de la Nación (AGN) durante 2008 y principios de este año y que concluyó con dos reportes, muy críticos, sobre el funcionamiento en la práctica del régimen de compraventa de tierras de fronteras en el Sur y en la Mesopotamia.

Los auditores detectaron varias anomalías y falencias. Desde compras de tierras sin que los compradores detallen el monto de la operación o expliciten el capital por invertir, hasta expedientes en los que faltan los estudios de impacto ambiental exigidos. Ni muestran el debido seguimiento posterior sobre cientos de miles de hectáreas que cambiaron de manos desde 2003 en algunas de las franjas territoriales más sensibles del país.

López figura entre los beneficiarios de ese régimen, aunque no está solo. Lo acompañan otros poderosos empresarios, ciudadanos argentinos y extranjeros. Algunos expedientes muestran faltantes llamativos, otros apenas omiten un par de papeles. Ese es el caso del mandamás de la multinacional Techint, Paolo Rocca, o de Jorge Born.

El primer informe de la AGN, que lleva el número 201, de fines de 2008, se centra en las tierras de frontera en la Patagonia; el segundo, el 52, aprobado el 6 de mayo, se aboca a Corrientes y a Misiones. En ambos, la Auditoría recomendó "dotar al organismo [contralor] de los recursos humanos y tecnológicos", que le permitieran "cumplir con la tarea asignada".

Entre ambos reportes, el Gobierno aprobó la resolución 166/09 que dispuso la nueva Directiva para el Ejercicio de la Policía de Radicación en Zonas de Seguridad de Fronteras, que, sin siquiera aludir a la AGN, reformó el sistema que benefició a López y a otros en la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que depende del Ministerio de Justicia.

La presentación de López, uno de los empresarios más afines al matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, se retrotrae a principios de 2005, cuando pidió la conformidad oficial para la compra de hectáreas en la localidad de Aldea Baleiro, en el departamento de Río Senguerr, provincia de Chubut, 400 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia.

López buscó comprar el campo con su esposa, Muriel Sosa, y uno de sus socios, Carlos de Sousa. Al igual que en el 94% de los expedientes sureños que revisó la AGN, no se consultó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable "a fin de determinar la existencia de bosques nativos en los inmuebles que solicitan la previa conformidad" ante la SSI.

Los abogados de López sostienen, sin embargo, que se había presentado "toda la documentación e información solicitada hasta la fecha" por el campo, ubicado a una veintena de kilómetros del Paso Internacional Fronterizo El Triana.

Los técnicos de la Auditoría detectaron, además, que los terrenos vendidos en la provincia del matrimonio Kirchner, Santa Cruz, mostró el porcentaje más bajo de cumplimiento de las normas en vigor en la materia (25%), seguido de Chubut (33%) y lejos de Río Negro (56%), Neuquén (60%) y Tierra del Fuego (63%).