El trabajo de investigación del fiscal Raúl John París, del Tribunal de Cuentas, sobre las adjudicaciones de tierras públicas en el Chaco, logró descubrir fabulosos negociados con el patrimonio estatal. "Así se desvirtuaba el fin productivo para la tierra, y se hacían diferencias millonarias", le dijo a NORTE.

--¿Cómo era el proceso de tercerización para que la tierra terminara en manos de inversores o empresas?

--Hubo muchísimos mecanismos. Descubríamos una forma, y ellos perfeccionaban y armaban otra. La Constitución dice que la tierra es un bien social, que se otorga a precio promocional a los beneficiarios que indica la ley, que privilegia a la gente que se radica para explotarla racionalmente y personalmente.

Uno de los mecanismos era otorgar tierras a un adjudicatario y acelerarle los procesos si tenía más de 2.000 hectáreas. Se fijaba un precio promocional que se pagaba en cuotas. Cuando hicimos la auditoría, encontramos una terrible desorganización administrativa.

Todo esto coincide con la explosión del negocio de la soja. Hay viejos expedientes en los que de repente aparecen hojas blancas, porque a partir del ’97 o ’98 se aceleran los procesos de adjudicación, y había gente que de repente debía dos o tres cuotas e iba y cancelaba su cuenta. Generalmente le daban el poder a un administrador que después resultaba ser el titular al que se hacía la transferencia en un mes o tres. Así se desvirtuaba el fin productivo para la tierra, y se hacían diferencias millonarias.

Muchos adjudicatarios fueron engañados en su buena fe, y otros ganaron millones traspasando las tierras a esa gente. Está todo informado al los juzgados.

--Decía que también hubo otros métodos.

--Esa era una de las formas. También se usó un aspecto de la ley que permitía a arrendatarios de tierras fiscales, con arrendamientos anteriores, otorgarles la adjudicación. Hacían una declaración jurada diciendo eso, y luego nos encontrábamos con contratos de arrendamiento sin fechas, armados en serie, a veces escritos con la misma máquina de escribir, con el mismo personal interviniente, justificando los cinco años, cuando eso no tenía ningún valor probatorio. Era todo armado a los efectos de la adjudicación. A mí me llamó la atención que ningún abogado de Colonización viera esa irregularidad.

Esa gente, en muchos casos, residía en Buenos Aires, y le daba un poder a otra gente para que le atendiera sus tierras, y encontramos a titulares de empresas de grandes explotaciones sojeras, violando el régimen de la tierra y la Constitución del Chaco.

Ahora investigamos el traspaso a personas que eran parte de un mismo grupo económico, que luego crearon nuevas sociedades anónimos para venderles esas tierras. Van vendiendo y comprándose, para cobijarse en el Código Civil, que dice que al tercer comprador de buena fe no se lo toca, cuando en realidad son todos predios fiscales.

--Significa que el objetivo de recuperar esas tierras no va a ser sencillo de alcanzar.

--Es mucho más fácil apropiarse de terrenos fiscales para los grandes grupos económicos, que para el Estado recuperarlos, porque el proceso es muy engorroso, aunque están las pruebas contundentes de las irregularidades. El Estado es muy lento en los procesos de recuperación. La propia Fiscalía de Estado tendría que afectar más personal a ese fin.