MEDIOS: DISCRECIONALIDAD Y FALTA DE CONTROL EN LA PUBLICIDAD OFICIAL: No existe una ley que regule ese flujo de plata que subsidia a los medios oficialistas. 

La publicidad oficial, según la precisa definición que da de ella la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), "es un canal de comunicación entre el Estado y la población". Es un canal oneroso y no gratuito, y el dinero que destina el Gobierno para propagandizarse se distribuye desde la Secretaría de Medios a cargo de Enrique Albistur, quien ha sido denunciado por hechos de corrupción.


No existe ninguna ley nacional que regule la generación de publicidad oficial. Sin ley no hay transparencia, y sí discrecionalidad.

Como se sabe, en 2008, según el último informe de la ADC, el Poder Ejecutivo invirtió 396.307.367 pesos en concepto de publicidad oficial. Eso representa un 23 por ciento más de lo que se gastó en 2007, y un 756 por ciento más que lo de 2003.

Todas las evaluaciones serias sugieren que durante éste primer semestre de 2009, las cifras invertidas para el mismo rubro por el PEN crecieron mucho más y de manera explosiva. Las campañas electorales dispararon la costosa vocación comunicadora oficial.

Como señaló Eleonora Rabinovich, directora del programa de Libertad de Expresión de la ADC, "durante 2008 subsistieron algunas campañas del PEN que cabe cuestionar por destacar, sin justificación aparente, la figura de funcionarios públicos u organismos gubernamentales".

Creció la pauta de las campañas publicitarias agrupadas bajo la categoría "difusión de gestión", especialmente entre abril y junio, durante el epicentro del conflicto con el campo.

Algunas curiosidades argentinas: el diario más beneficiado por el dinero del Estado fue el oficialista Página 12 con más de 29 millones de pesos recibidos en 2008.

Detrás de Página 12 está Clarín, que es el diario más vendido de habla hispana; y después de Clarín, pero antes de La Nación, aparece el grupo tutelado por Sergio Szpolski, que creció al amparo del kirchnerismo y que incluye al diario gratuito El Argentino, a la revista 7 Días, la Revista Veintitrés, entre otros títulos.

En los últimos dos años aumentaron las divisas destinadas por el Estado a ese conjunto de medios enfáticamente afines al Gobierno, con un crecimiento del 680%.

En 2009 se difundió un informe que realizó la Auditoria General de la Nación, sobre la Secretaría de Medios y la utilización de los recursos públicos para la publicidad estatal. Las conclusiones son taxativas: no existen parámetros objetivos para la distribución de publicidad, ni tampoco controles adecuados respecto del dinero gastado.

Todo aparece envuelto en una gran "informalidad". Los ciudadanos comunes no pueden accceder por sí mismos a información clara sobre publicidad oficial. Sí las ONGs como ADC, que tienen capacidad para ordenar los datos que la Secretaría de Medios entrega en bruto y sin procesar.

La censura, como enseñan los manuales de Libertad de Expresión, es directa, abierta y brutal, o indirecta y más sutil, como la que entiende la difusión planificada de acuerdo a criterios políticos -y no técnicos- de la pauta publicitaria oficial. Es censura subrepticia. Pero censura al fin.