El juez federal Sergio Torres le pidió informes al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por la contratación del servicio de limpieza en la sede central del organismo. Requirió los antecedentes de la contratación de la firma Limpiolux y la anulación del servicio que venía prestando la empresa Bilbao a la mitad del precio que se paga ahora.

Las medidas habían sido solicitadas dos semanas atrás por el fiscal federal Federico Delgado al dictaminar a favor de abrir una causa e investigar una denuncia realizada por el particular Juan Ricardo Mussa y basada en una información publicada por Clarín el mes pasado.

De hecho, el autor de ese artículo fue citado para declarar como testigo mañana en el juzgado a cargo de Torres. La causa, curiosamente, está caratulada con el nombre de la Presidenta. "Fernández de Kirchner, Cristina, y otros s/ abuso de autoridad", reza su carátula.

El juez también le pidió a la AFIP que le envíe a los tribunales de Comodoro Py los sumarios administrativos abiertos en ese organismo contra los responsables del sector de contrataciones, Miguel Cobián, Orlando Franco y Guillermo Espiñeira. Y también solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos correspondientes a las dos empresas involucradas.

Limpiolux fue beneficiada el mes pasado con una polémica "orden de compra" que dejó a la empresa Bilbao fuera del negocio que venía realizando desde 1981.

El argumento fue la supuesta no presentación de unos papeles. La empresa presentó un recurso de amparo en el fuero Contencioso Administrativo federal para evitar la nueva contratación pero no tuvo éxito.

El tema es el precio que se le pagará a Limpiolux durante un año por el servicio que prestaba Bilbao. Son más de quince millones de pesos contra los 7 millones que había ofertado Bilbao. Clarín reveló que el precio final del beneficiado incluía un sueldo previsto por trabajador de 7 mil pesos, cuando quienes realizan las tareas de limpieza desde el 1° de abril en la sede de la AFIP cobran apenas unos 2 mil pesos mensuales.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, justificó el precio pagado a Limpiolux en el "costo de referencia" fijado por la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL), presidida por Norberto Peluso, a quien se vincula con la firma ganadora. Tanto en la denuncia de Mussa como en el requerimiento del fiscal Delgado se habla de "tercerización" del trabajo que hacen los empleados que limpian la AFIP.

Además, el fiscal había pedido que el juez remita copia del caso a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para analizar si la licitación (en rigor se trata de una "orden de compra") se adecuó a "la normativa legal impuesta".

Otra de las medidas solicitadas por la Fiscalía y aceptadas por el juzgado es la remisión del artículo periodístico de Clarín al juez que investiga el crimen del tesorero del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM), Roberto Roger Rodríguez, ocurrido en enero pasado.

Fuentes que pidieron reserva de identidad por temor a represalias vincularon el crimen con la discusión que mantenía Rodríguez con el titular del sindicato, Oscar Rojas, por su desacuerdo con el "costo de referencia" establecido por ADEL y esgrimido por la AFIP para correr a Bilbao.