Publicado: 15-08-2011

Mendoza.- La Asociación de Defensa al Consumidor Protectora aseguró que "quedó abstracta la misión, función y esquema de control del EPAS. Reclamó también la devolución a los usuarios de tasa cobrada erróneamente.

A unas 350 mil cuentas de usuarios mendocinos de agua potable les cobran una tasa del 2,76% por inspección, control y sostenimiento del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) que se suma a la cuota fija de agua y cloaca.

En la factura de una familia tipo de un consumo promedio bimestral de $ 50 el monto es de alrededor a $ 1,10 (sin IVA). Esta tasa va directamente a los fondos del EPAS y según señaló el presidente del organismo, Javier Montoro, contribuye en el presupuesto con unos $ 3,5 millones anuales.

Para la Asociación de Defensa al Consumidor Protectora "quedó abstracta la misión, función y esquema de control establecida en la Ley 6.044, para el EPAS". Indican a continuación en un exordio presentado a fines de la semana pasada ante la Legislatura provincial que "no existe más un concesionario privado (Obras Sanitarias) que deba ser controlado, sino por el contrario la concesión del servicio, es prestado en forma directa por el Estado provincial por intermedio de una empresa del mismo, quien nombra sus directores y síndicos y tiene mayoría accionaría", subraya el pedido.

En el comunicado emitido al Poder Legislativo, Protectora entiende que el EPAS "debería disponerse legislativamente a la disolución, para evitar que los usuarios sigan pagando la mantención del mismo", señala el escrito textualmente.

Continúa la explicación con el argumento de "disolver a este ente" y agregan que "se debería legislar precisando las funciones que deben tener los organismos que controlan al Estado provincial, cumpliendo este rol de concesionario".

El asesor legal de Protectora, Mario Vadillo, declaró que las funciones naturales de control del Estado provincial, en cualquiera de sus roles, "deben estar a cargo de las instituciones creadas por la Constitución provincial, como es Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas de la Administración Pública y la Justicia provincial".

A lo que agregan, la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor, "como organismo de gran especificidad para la resolución de los problemas de los usuarios".

En vista de esta situación, solicitan que "se legisle la forma de restitución a los usuarios de estos ingresos": por la vía de la reducción tarifaria o con la expansión y universalización del servicio de saneamiento de agua y cloaca.

Para esta organización civil este servicio público es escaso en los sectores sociales "más vulnerables" además de ser un "factor de inclusión social".


Nuevas funciones

En Mendoza, según información dada por fuentes del EPAS, el 11% de la población carece de agua potable, sobre todo, en comunidades rurales dispersas, de alta montaña o en villas marginales. El restante 89% tiene dicho servicio en sus hogares. De este casi 90%, el 70% son usuarios de Aguas Mendocinas (Aysam Sapem).

Consultado el presidente de Aysam, Rolando Baldasso, por las funciones que cumple el EPAS, el ingeniero declaró que "está en discusión la nueva función" del organismo de contralor.

Este ingeniero explicó que "habrá una posible modificación de la estructura del EPAS" porque "todavía no está cerrado el esquema (estructura) de esta organización".

Baldasso dijo que habría que "rebalancear al personal" y hacer una evaluación entre el propio Estado provincial, EPAS y Aysam. Explicó que muchos empleados de este organismo deberían pasar a la planta de la operadora del servicio de agua.

En cuanto al monto total cobrado como tasa del 2,76% que la operadora envía cada bimestre al EPAS, Baldasso señaló que "para nosotros (Aysam) cualquier porcentaje que se quede la empresa es importante" pero "esto está regulado por ley desde hace muchos años" y lo comparó con los $ 5 millones que la operadora debe pagar a Irrigación (DGI).

Otro punto que está en debate y que tanto desde la asociación de consumidores como de Aysam dejaron entrever, es la efectividad del EPAS a la hora del controlar.

En la actualidad, en este primer año, EPAS casi no ha realizado denuncias contra Aysam, "porque estamos en el primer año de gestión", pero "todas las resoluciones realizadas a Obras Sanitarias en su momento fueron discutidas", dijo Baldasso.

Por su parte, Vadillo coincidió en este aspecto: "Nunca pudo cumplir con su misión", observó el abogado. La anterior gestión privada "apelaba a la Corte de Justicia directamente" y "resolvían todo en juicio ordinario. Iban al juez de primera instancia".