La Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe celebró el día internacional del Acceso Universal a la Información. Expertos representantes de los sectores de órganos garantes, sociedad civil, organismos y movimientos internacionales brindaron su mirada respectiva a los logros, expectativas y oportunidades que el concepto tomó en Latinoamérica. 

En el marco de la fecha, que se conmemora el 28 de septiembre, la oficina de la UNESCO en Montevideo convocó al webinario: “Mesa redonda virtual para América Latina: El Derecho de Acceso a la Información: logros, desafíos y oportunidades de su monitoreo a nivel nacional, regional e internacional”.  

Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. La ciudadanía puede contribuir en el cumplimiento del derecho de acceso a la información estando informados, descartando fake news, siendo críticos con la información y respetando opiniones distintas. Por otro lado, el gobierno debe garantizar el derecho asegurando la pluralidad de fuentes de información, transparencia gubernamental, garantizando la seguridad de los periodistas, mediante la rendición de cuentas. 

¿De qué depende el derecho a la información?

Rosa González, consejera regional de Comunicación e Información de la UNESCO para América Latina y el Caribe, inició la conversación y presentó a los exponentes. Lidia Brito, directora de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, lo describió como un “derecho humano fundamental”. 

El acceso a la información "empodera a la ciudadanía y restaura la confianza en las democracias de la región”, señaló Ileana Hidalgo, Comisión de DD.HH de la Ciudad de México.

En sintonía, Ileana Hidalgo, consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, expresó la necesidad de que este derecho “deje de ser una aspiración por parte de la sociedad para transformarse en una realidad cada vez más ascendente y consolidada”. Asimismo, planteó que, como órganos garantes de esta norma y promotores de la transparencia, se encuentran en una posición favorable para guiar a los esfuerzos con el fin de “empoderar a la ciudadanía y restaurar la confianza en las democracias de la región”.

Por su parte, el abogado colombiano Pedro Vaca confió en la idea de que el periodismo se acerque cada vez más al acceso a la información pública. “El uso del derecho potencia la calidad periodística en clave democrática”, completó el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Vaca sostuvo que esta atribución “es un derecho habilitante de otros derechos”. De la misma forma, Alonso Cerdán, director adjunto de Apoyo a Países de Alianza de Gobierno Abierto, resaltó el alcance de la norma ya que “permite el ejercicio pleno del resto de los derechos humanos”.

“La transparencia y la rendición de cuentas constituyen un eje central del combate a la corrupción, además de ser indispensable para la construcción de la democracia y del estado social de derecho”, según Valeria Torres, oficial de asuntos económicos de la división de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Durante la pandemia, el ejercicio de la ley de acceso a la información estuvo puesto a prueba como nunca antes. 

Lidia Brito sostuvo que durante el último año y medio de pandemia el ejercicio de la norma fue puesta a prueba más que nunca. Sin embargo, a futuro cree posible “reconstruir con el derecho a la información”. 

Se pedirán los datos referidos a la pandemia a los Ministerios de Salud de los países de la región, así lo confirmó Cristina Zahar, secretaria ejecutiva de Abraji Brasil en representación de Voces del Sur. Mencionó retrocesos en la aplicación de la ley de derecho a la información pública, y denunció que “los gobiernos intentaron esconder información”. 

¿Cómo se desarrolla el acceso a la información pública en América Latina?

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Aránzazu Guillán Montero, oficial superior de gobierno y administración pública en la División de Instituciones Públicas y Gobierno Digital del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA), señaló que la Agenda 2030 establece un proceso de examen, seguimiento y revisión a distintos niveles (global, nacional, regional) para medir los avances y progresos en materia de acceso público a la información. 

Este plan de acción -completó Montero- es un marco de seguimiento y examen sólido, voluntario, eficaz, participativo, transparente e integrado. Además, mencionó que ayudará a los países a maximizar y vigilar los progresos realizados para asegurar que nadie se quede atrás. Por su parte, desde CEPAL indicaron que la Agenda 2030 alienta a los estados miembros a realizar revisiones periódicas e inclusivas del progreso a nivel nacional y subnacional. 

Por su parte Daniela Urribarri, directora de programas de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, fue quién presentó la necesidad de “superar la desconfianza, el desconocimiento y el temor de la ciudadanía para pedir información al Estado y fortalecer en el reconocimiento de su derecho”.