¿Por qué es importante que el Congreso y la AGN tengan un diálogo más fluido?
En 2015 Manuel Garrido denunció irregularidades en la licitación de dos centrales termoeléctricas a partir de un informe del organismo de control. Tanto él como la diputada (MC) Carla Pitiot reflexionan sobre la importancia de los trabajos de Auditoría.
Dos ex funcionarios y cinco empresarios fueron procesados gracias a un informe realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en 2013 sobre la gestión de Energías Argentinas S.A. (ENARSA hoy IEASA) donde se observaban irregularidades en las licitaciones, contrataciones, habilitaciones y estados contables de dos centrales termoeléctricas.
La causa se inició en 2015, cuando Manuel Garrido, abogado y en aquel entonces diputado nacional y, como tal, integrante de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, presentó una denuncia a partir del informe. En diálogo con El Auditor.info, destacó la función del organismo de control pero aseguró que “los insumos que genera la AGN muchas veces no encuentran un canal adecuado para llegar a todos los diputados y senadores del Congreso. Esa información tan valiosa queda entre las paredes de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas”.
Durante su mandato, Garrido comentó que “tenía la práctica de denunciar a la justicia o a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas los casos de posibles delitos que surgían de los informes, pero no era habitual que eso sucediera. Salvo casos muy escandalosos, no recuerdo en esos años que la Comisión ordenará hacer una denuncia sobre la base de una auditoría”.
Sobre la AGN, el diputado mandato cumplido señaló que "es la herramienta esencial para que el Poder Legislativo ejerza su papel de control de la administración" pero que "el sistema está muy burocratizado y termina siendo un circuito de papeles donde los insumos que genera la AGN no encuentran un canal óptimo dentro del poder legislativo”.
Para Garrido, el Congreso no utiliza de manera óptima la información que le da su organismo asesor.
Según el abogado, “el Congreso se está perdiendo la posibilidad de hacer denuncias por corrupción y desaprovechando el material que genera la Auditoría como mecanismo correctivo de la gestión pública y como combustible legislativo. No está utilizando de manera óptima la información que le da su organismo asesor”, agregó.
Este medio también conversó con Carla Pitiot, diputada nacional de mandato cumplido y dirigente sindical de APOC, quien también integró la Comisión Mixta Revisora de Cuentas hasta 2017. “Actualmente se sabe poco de la actividad parlamentaria de dicha comisión, porque sus reuniones no son públicas ni abiertas. Institucionalizar mecanismos de articulación entre la Auditoría y la Mixta sería provechoso para el Congreso y para la ciudadanía”, recomendó.
En este sentido, Garrido remarcó que esa Comisión “debería convocar de manera frecuente a los funcionarios del Poder Ejecutivo a fin de mejorar los procesos señalados con irregularidades. También es necesario un diálogo más fluido con la Auditoría. No es habitual que haya reuniones con el cuerpo de auditores”.
"Actualmente se sabe poco de la actividad parlamentaria de la Comisión Mixta", observó Pitiot.
Asimismo, Pitiot recordó la necesidad de reglamentar el Artículo 85 de la Constitución Nacional. “Es una cuestión pendiente que trasciende la voluntad política. Si bien la Ley 24.156 de Administración Financiera le dio una visión estratégica a todo el sistema del control, hay algunas cuestiones que no quedaron resueltas como la falta de reglamentación del funcionamiento de la AGN”. Desde 1994 el Congreso conserva esta deuda con el organismo de control.
El caso ENARSA
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Exequiel Espinosa, ex director de ENARSA y su gerente, Santiago Pierro. También a Juan Carlos Goycochea, de Isolux y al ex CEO de Iecsa, Héctor Sanchez Caballero, entre otros, por irregularidades en la licitación de dos centrales termoeléctricas: Ensenada de Barragán, en provincia de Buenos Aires, y Brigadier López, en Santa Fe. Según el magistrado "el procedimiento de contratación estuvo caracterizado por evidentes vinculaciones entre las oferentes y numerosas prórrogas de los plazos".
De acuerdo con el fallo "ENARSA pagó en forma irregular a la UTE Isolux-IECSA para la Central Ensenada de Barragán $367.965.234,65 (adenda 3), $89.686.573,07 (adenda 4) y 223.499.987,07 (adenda 5). Para la Central Brigadier López abonó $111.5000.000 por la adenda 4. Todos estos montos, a octubre de 2011, ascendían a $792.651.795,48".
