En lo que va del año el gobierno de la provincia de Salta notificó a través del Boletín Oficial una serie de convocatorias a audiencias públicas para habilitar el cambio de uso del suelo en un total de 28.311 hectáreas, una cifra alta teniendo en cuenta que son áreas protegidas. En 2020 se deforestaron 20.962 hectáreas.

En el año 2007 se sancionó la ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos. A partir de su puesta en vigencia, las provincias tuvieron un año para realizar el ordenamiento de estos espacios de acuerdo a los criterios de sustentabilidad y a través de un proceso participativo. 

Vale aclarar dos cuestiones de ley. En primer lugar, los bosques nativos fueron ordenados en categorías según el grado de protección: la I (roja) no se puede modificar, la II (amarilla) tiene un grado menos de preservación y la III (verde) es la que tiene menos protección. 

Por otro lado, a partir de la categorización se aclara que en la zona roja y amarilla “no se pueden autorizar desmontes”. Además, “las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten autorización para realizar manejo sostenible de bosques nativos clasificados en las categorías II y III, deberán sujetar su actividad a un Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos que debe cumplir las condiciones mínimas de persistencia, producción sostenida y mantenimiento de los servicios ambientales que dichos bosques nativos prestan a la sociedad”.

Según Greenpeace, Salta desmontó entre 1998 y 2017 un total de 174.024 hectáreas, 30 veces el tamaño de la capital provincial

¿Por qué es importante conservar los bosques? Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, explicó que “tienen un gran valor en cuestiones de biodiversidad” ya que en ellos hay muchas especies que están en peligro y “ya se habla de una tercera ola de extinción masiva, en la que la pérdida de bosques a nivel mundial están significando parte de esa responsabilidad”. 

Además, son vitales para la regulación hídrica, sin bosques las chances de inundaciones son más altas. “Hay un estudio del INTA que demuestran que una hectárea con bosques absorbe en una hora diez veces más que una con soja”, remarcó Giardini.

Según indicó el coordinador de Greenpeace, Argentina, entre 2010 y 2015, tenía un promedio de deforestación alto que lo colocó entre los diez países que más desmontan a nivel mundial. En la mayoría de los casos el origen de la actividad es el mismo: avances agropecuarios en plantaciones de soja y para ganadería.

Por último, también son clave en la lucha contra el cambio climático. En las presentaciones que hizo ante la ONU, nuestro país se comprometió bajar la deforestación hacia 2030. “Sí es algo bueno que se esté pensando en la modificación de la actual ley para prohibir el desmonte y penalizar, fundamentalmente, porque la falta del delito penal hace que tenga menos impacto”, reflexionó Giardini.

El caso Salta

Según un informe de Greenpeace, Salta desmontó entre 1998 y 2017 un total de 174.024 hectáreas, lo que equivale a 30 veces el tamaño de la capital provincial. Uno de los mayores problemas es que desde la sanción de ley 26.331 la mitad de los trabajos de deforestación fueron ilegales.  

Otro dato es que el 80% de la deforestación en Argentina se concentra Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Pero, esta última es la que tiene el 84% del desmonte en la zona de categoría I. 

Como se explica más arriba, en 2021 se llamó a audiencias públicas para desmontar más hectáreas que en todo 2020 ¿Qué pasa en las mismas? Giardini sostuvo que el 99% de las mismas no han logrado que se frene el proyecto. “Cuando se llega a esta instancia, ya hubo un expediente que incluye información sobre la finca y las especies que hay allí. Muchas veces son una copia de la finca de al lado u otros proyectos similares”, explicó. 

http://greenpeace.org/
http://greenpeace.org/

Para participar hay que anotarse en Salta capital y luego viajar hasta el lugar en donde se lleve a cabo. “Una persona de la comunidad Wichi, por ejemplo, tiene que saber español para enterarse. Tampoco hay mucho diario papel, la mayoría son digitales y sin acceso a internet no hay información", comentó Giardini. 

Además de las complicaciones para asistir, las audiencias no son vinculantes ya que el funcionario puede considerar que las opiniones en contra del proyecto no tienen sustento o tienen poco rigor. Por si fuera poco, las empresas suelen llevar a alguien que está a favor, generalmente trabajadores. 

“Lo que pasa en Salta es que este ordenamiento territorial que define qué zonas y qué fincas privadas podrían pedir un permiso de desmonte y cuáles no, está vencido desde el año 2014 y nunca se actualizó como se debería haber hecho cada cinco años”, sostuvo Giardini y agregó: “entonces la audiencia se hace en base a un pedido que debería haber sido revisado”.

Bosques y control

En los últimos años la Auditoría General de la Nación aprobó una serie de informes sobre el cumplimiento de la ley 26.331. El primero de ellos, de 2014, evalúa el acatamiento de la norma en los primeros siete años desde su creación y asegura que “el avance de la frontera agropecuaria y los nuevos cultivos de soja atentan contra los objetivos de conservación postulados en la Ley" y completa que esta situación pudo ser comprobada en Salta y Santiago del Estero, provincias que fueron seleccionadas para una verificación in situ.

Por otro lado, el organismo explicó que, a pesar de que la partidas presupuestarias asignada para las jurisdicciones “no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, las mismas son “menores a las establecidas legalmente”. Por ejemplo, en 2011 fueron $300 millones de los $821 que se deberían haber entregado. Al año siguiente se otorgaron $271 millones pero deberían haber sido $1.520 millones. Así, sucesivamente fue cayendo el porcentaje de dinero enviado con este propósito. 

¿En qué cambiaría que haya más presupuesto? “Habría más capacidad de control porque podrían tener más personal, helicópteros para hacer sobrevuelos y mapas”, resaltó el vocero de Greenpeace. La organización realiza de forma particular control satelital, con lo cual saben que “no es costoso, se puede hacer si se quiere”. 

Giardini consideró que “también tendrían más fondos para promover el manejo sustentable de los bosques pero igual seguiría habiendo gente que quiere el terreno para plantar soja o tener vacas”. 

Más allá de que el Estado nacional es quien ha dado menos fondos, Giardini se centró en que son los diputados y senadores aquellos que aceptan el presupuesto sin cambios. “La mayoría de la Cámara baja no es del norte pero en el Senado tenés representantes de las provincias con un voto más federal y también votaron a favor, por lo tanto son responsables”, concluyó.