"Las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder al mercado laboral y, cuando lo hacen, suelen ganar menos", señaló el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El documento también reveló que solo 3 de cada 10 participan activamente en el mercado laboral, lo que evidencia una baja inclusión.

El informe de la OIT señaló que “las personas con discapacidad tienen menos oportunidades de integrarse al mercado laboral” y, cuando lo hacen, “suelen recibir salarios más bajos”.

El documento expuso que, en promedio, “ganan un 12% menos por hora que otros empleados, y el 9% de esta diferencia no se puede justificar por factores como la educación, la edad o el tipo de empleo”. 

“En los países de ingresos bajos y medios-bajos, la brecha salarial por discapacidad es aún mayor, del 26%, y casi la mitad no puede explicarse por diferencias sociodemográficas”, se afirma en el texto.

Género y autoempleo 

La situación es particularmente difícil para las mujeres con discapacidad, que enfrentan una significativa diferencia en comparación con los hombres. De acuerdo con la investigación, en promedio, la brecha salarial alcanza el 6% en naciones desarrolladas y el 5% en aquellas en vías de desarrollo. “Esta disparidad refleja tanto la desigualdad de género como la discriminación hacia las personas con discapacidad”, señaló el documento.

Además, el estudio indicó que muchas personas con discapacidad optan por el “autoempleo” debido a la flexibilidad que este tipo de trabajo puede ofrecer en términos de horas laborales, acceso a instalaciones y la posibilidad de evitar la discriminación en el mercado. "Las personas con discapacidad enfrentan tasas de desempleo más altas y, por ello, es más probable que trabajen por cuenta propia", completó la OIT.

El cupo ¿se cumple?

En el país, el 10,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad, pero sólo el 32,2% logra acceder a un empleo, ya sea en el sector público o privado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esta situación refleja una profunda exclusión laboral que afecta a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La Ley 22.431, sancionada hace más de 40 años, establece que el Estado tiene la obligación de asegurar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. La normativa fija que al menos el 4% de los empleados en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en organismos y empresas estatales y concesionarias de servicios públicos, deben ser personas de este colectivo.

Existen diferentes informes que permiten confirmar que esto no se respeta a nivel nacional, ni en ninguna de las provincias, y tampoco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), el gobierno porteño no cumple con la Ley 1502 de cupo laboral para personas con discapacidad. Un informe publicado en 2021, aclara que, de un total de 128.696 agentes, solo 2.574 corresponden al cupo.

En esa línea, el área de Coordinación de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo porteña señaló que el cupo tampoco se cumple a nivel nacional. “Según la ley, en la Nación el cupo es del 4% y en la Ciudad es del 5%, y en ningún lado se cumple”.

Así también lo demuestra la Secretaría de Gestión y Empleo Público, con datos de 2021. De un total de 460.506, solo 2.830 tienen certificado de discapacidad y están empleados. 

Para conocer el estado de situación en el interior del país, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) elaboró una encuesta en 2022, donde encontraron un cumplimiento entre el 1% y el 3% en algunas jurisdicciones.

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