Enrique Viale: “En el país hay leyes ambientales muy interesantes”
Según el abogado, el problema no es la falta de normas, sino la dificultad para que sean aplicadas. Además, hace hincapié en los intereses encontrados entre el cuidado de los glaciares, protegidos por la legislación, y el desarrollo de proyectos de megaminería.
Publicado en el suplemento
Acciones para la Participación Ciudadana, de Diario Perfil
Enrique Viale es un abogado con estudios de posgrado en Derecho Ambiental y miembro fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), en 2004. Desde allí, fue litigante en numerosas causas. Además, resultó un activo impulsor de la Ley Nacional de Glaciares durante su trámite parlamentario participando en el debate de las comisiones en las cámaras del Congreso de la Nación.
A 10 años de su sanción, ¿hay algo particularmente destacable de la Ley o es la existencia de la norma en sí misma?
La sanción de la ley fue fundamental. Se trata de uno de los grandes hitos socioambientales del país. Si Argentina tiene algunos hitos como Famatina y Esquel, uno de ellos es la sanción de la Ley de Glaciares por los escandalosos y poderosos lobbies que tuvo que enfrentar. Sancionarla ya fue un gran triunfo. Otros de los hitos que tiene es proteger glaciares que están en la alta montaña, que sin la ley estarían destruidos.
¿Tiene defectos?
No le encuentro déficits. Estas leyes enfrentan, tanto en el momento de su sanción como para su aplicación, lobbies muy grandes. El tema es la falta de aplicación efectiva por parte de las autoridades nacionales y provinciales. La norma es muy interesante.
¿Por qué cuesta tanto su aplicación?
Como toda ley ambiental, enfrente hay modelos de mal desarrollo muy ligados a grandes poderes económicos concentrados que van corriendo la línea de llegada permanentemente. Cuando logramos la sanción, volvieron atrás con un veto. Luego, no la reglamentaron. Ahora, no pueden inventariar los glaciares de menos de una hectárea.
¿Qué pasó con el borrador que planteaba modificarla por decreto en 2016?
Nunca salió por suerte. Pero hay una interpretación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) que llevó a que no pusieran dentro del Inventario los glaciares de menos de una hectárea. Creemos que quedó un Inventario incompleto y en el nuevo deben estar todos, como establece la Ley.
¿En dónde colisiona la protección de los glaciares y el desarrollo de la megaminería?
Nos encontramos con una especie de confesión de las grandes mineras como Barrick Gold u otras. No entendíamos por qué se metían si es una ley de protección de glaciares. Si decían que no destruían glaciares en su proceso, la norma no tiene afectación a su actividad. Encontramos que, en realidad, las grandes mineras argentinas están en zonas de glaciares y ambientes periglaciares que necesitan destruirlos para acceder a esos minerales. Quedó expreso en un documento que tuvo el Gobierno nacional en su momento que hablaba de al menos 44 emprendimientos mineros que estaban en la zona protegida por la Ley de Glaciares.
¿Qué debería ocurrir con esos proyectos mineros?
Los emprendimientos mineros no pueden avanzar en zonas que estén prohibidas por la Ley. Emprendimientos como Veladero (en San Juan) son ilegales porque incumplen la norma, que dice que tienen que cesar en su actividad inmediatamente, no pueden seguir.
¿Cómo está Argentina en materia de leyes ambientales?
Dentro de todo, tiene leyes interesantes. Por ejemplo, la Ley General de Ambiente tiene principios muy buenos, al igual que la de Bosques y Glaciares. Quisiéramos un capítulo penal ambiental, avanzar en otras cosas que intentamos en su momento. Pero Argentina no está mal. El problema es la aplicación efectiva de las normas. Ojalá que la Ley Yolanda, aprobada recientemente, sirva para capacitar a los funcionarios de los tres poderes del Estado para que entiendan su alcance (la capacitación debe ser con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático). Siempre digo que el derecho ambiental es como una flecha prendida fuego que atraviesa todo el ordenamiento jurídico y lo va transformando a su paso. A veces, no se entiende cómo el principio precautorio, por ejemplo, invierte la carga de la prueba. Los jueces que tienen 50 años en Tribunales no quieren saber nada. Por eso, las demandas ambientales son muy largas.
¿Pasa como en otros ámbitos, donde los especialistas coinciden en que las normas son buenas, pero el problema es su aplicación?
En derecho ambiental se da especialmente. Hay una gran impunidad ambiental. El año pasado, por ejemplo, se quemó un millón de hectáreas, entre bosques y humedales, pero no hay una sola persona presa. Si rompo la ventanilla de un auto, seguro voy a tener que enfrentar una causa judicial y hasta puedo terminar preso. Si quemo un millón de hectáreas, no pasa nada. En materia ambiental hay una gran impunidad en Argentina y en todo el mundo.