Es público el registro de las visitas que recibieron los diputados desde 2011

Desde hace unos días, es público el registro completo de las visitas que recibieron los diputados de la Nación, en ejercicio de sus funciones, entre 2011 y 2019. Es a partir de un pedido que realizó la organización Poder Ciudadano al que respondieron en tiempo y forma desde la Cámara baja.

“Lo solicitamos hará uno o dos meses. Son más de 500.000 registros. El análisis que podíamos hacer iba a ser muy limitado, por lo que nuestra mirada apunta a poner en el debate público la necesidad de contar con esta información”, explicó Germán Emanuele, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del organismo peticionante.

¿Por qué no profundizar sobre la información obtenida? “Quienes hacen periodismo de investigación saben más sobre las personas que aparecen en el listado. Nosotros buscamos a los clásicos de siempre, pero hay gente que se dedica a hacer lobby que nosotros no conocemos”, indicó Emanuele.

El registro es desde 2011 porque la intención fue poder abarcar dos gestiones y consideraron que aquella era una fecha “razonable”. De todas formas, nunca imaginaron que les iba a brindar “tanta información”.

Todo surgió luego de que el Gobierno nacional se negara a entregar el registro de gente que ingresó a la Quinta de Olivos, un reclamo que viene desde noviembre del año pasado. Luego, la solicitud se reiteró en algunas ocasiones, siempre con el mismo resultado. A partir de ahí, la ONG decidió hacer el mismo pedido a todos los poderes del Estado.

A pocos meses de asumir la gestión, desde el Gobierno nacional habían hecho públicos los registros de las personas que entraron a la Quinta Presidencial de Olivos desde 2007 hasta 2015. Sin embargo, luego se negaron a entregar la misma información desde 2015 a la fecha, aduciendo “motivos de seguridad presidencial”. 

La Cámara de Diputados entregó un registro con más de 500.000 nombres.

Respecto de la Casa Rosada, desde Poder Ciudadano están evaluando hacer el pedido de información para ver el registro de ingresos. También quieren conocer las audiencias que tuvieron los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Ley N° 22.275 de Acceso a la Información Pública entró en vigencia en septiembre de 2017. ¿Notaron cambios? “Mejoró mucho el estándar. Hay que hacer división entre distintos poderes: el Ejecutivo tiene tradición de muchos años, cuando estaba el decreto 1172, por lo general son más propicios a una respuesta; el Legislativo y el Judicial van con más retraso, pero se viene instalando”, consideró Emanuele.

“Por el propio diagrama que establece la normativa –continuó-, hay mucho margen de discrecionalidad a la hora de contestar o no. Cuando se hacen preguntas que no quieren responder, no lo hacen”.

La Ley contempla que cualquier ciudadano podrá solicitar información al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial y deberá tener una respuesta adecuada en un lapso no mayor a 15 días, prorrogables por otros 15. 

La autoridad de aplicación es la Agencia de Acceso a la Información Pública (AIP), en el ámbito del Poder Ejecutivo. La norma entregó un plazo máximo de 90 días al Poder Legislativo y al Judicial, al Ministerio Público Fiscal de la Nación, al Ministerio Público de la Defensa y al Consejo de la Magistratura para que crearan cada uno un organismo con autonomía funcional y con competencias y funciones idénticas a las de la AIP.

“En el Legislativo, la Agencia no tiene designadas autoridades, por lo cual no hay a quién denunciar, por ejemplo, el incumplimiento del Senado”, planteó. Desde Poder Ciudadano están elaborando un recurso de amparo para que se dé inicio al proceso de selección de las autoridades.

Hace tiempo reclaman que la Sindicatura General de la Ciudad y la Sindicatura General de la Nación hagan públicos sus informes. Lo mismo ocurre con la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA). “Quedó demostrado que los informes de organismos de control sirvieron para prevenir cosas. Es una cuestión de voluntad política hacer pública toda esa información que es de dominio de la sociedad y no de los organismos”, concluyó Emanuele.