El Equipo de Relevamiento y Análisis Documental, encargado de preservar y analizar archivos de las Fuerzas Armadas, fue desmantelado. Sin embargo, la Justicia ordenó que se preserve toda la documentación que pueda servir para investigar los crímenes de la dictadura.

La resolución del Ministerio de Defensa, que encabeza Luis Petri, fue publicada en el Boletín Oficial, en marzo de este año. Allí se menciona el despido de 10 de los 14 integrantes del Equipo. El grupo fue creado en 2010 a través de la Resolución 308 con el fin de relevar y analizar la documentación que pueda resultar de valor histórico y/o  judicial que se encuentre archivada y/o custodiada por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El equipo tenía acceso a todas las dependencias militares y podía limitar el acceso a lugares que se necesitaban preservar.

La Justicia Federal dictó una medida de no innovar para que no se puedan modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios a la documentación sobre los años de la última dictadura cívico militar.  

Aporte clave para juicios de lesa humanidad

El trabajo del Equipo de Relevamiento y Análisis Documental realizó aportes fundamentales en juicios por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar. Las tareas del equipo fueron elogiadas por organismos de Derechos Humanos y el CELS, que a su vez cuestionaron la decisión de la cartera de Defensa.

La resolución del Ministerio de Justicia indicó que la documentación preservada por el grupo de trabajo pasará a cargo del Sistema de Archivo de la Defensa, creado en 2015 con el propósito de unificar los criterios de organización, tratamiento, conservación, normalización y divulgación de los documentos de las Fuerzas Armadas. 

Por otro lado, los requerimientos judiciales, que antes eran respondidos por el Equipo de Relevamiento y Análisis Documental, serán gestionados por la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, dirigida por Claudio Ernesto Pasqualini, ex jefe del Ejército 2018-2020.

La importancia de preservar documentos históricos

En 2021 el Congreso Nacional promulgó la Ley 27.656 de Reparación Histórica que establece la reparación de legajos laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector privado detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. 

La Ley busca que las víctimas del terrorismo de Estado sean reconocidas como tales en los documentos y registros de las empresas privadas donde trabajaban. La Ley amplió la recuperación de legajos al sector privado, un derecho que hasta entonces solo estaba respaldado en el ámbito público. 

Este año, la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, en colaboración con el Archivo Nacional de la Memoria, recuperó 587 expedientes de empleados que fueron víctimas del Terrorismo de Estado. En esos documentos, donde antes se expresaban términos como “baja”, “cesante” o “despido”, ahora muestran la verdadera causa de las desvinculaciones: la represión política.

El libro "Construyendo memoria: historias laborales de trabajadoras y trabajadores estatales víctimas del Terrorismo de Estado", visibiliza y documenta las experiencias laborales de los trabajadores secuestrados, desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico-militar.