Impulsan cambios en una ley para que empleados y funcionarios den a conocer sus salarios
Una iniciativa propone modificar la Ley de Acceso a la Información Pública y obligar los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, y a sus organismos descentralizados, a publicar de manera detallada la información relacionada a los empleados y sus respectivas remuneraciones.
La diputada Mercedes Llano presentó un proyecto para modificar la Ley de Acceso a la Información Pública en el Congreso. La autora del documento propone que la ciudadanía pueda visibilizar los sueldos y los cargos de quienes componen la administración pública. De esta manera - asegura - se puede alcanzar un mayor grado de transparencia activa.
“Esta Ley permitirá combatir las prácticas clientelares, nepotismo e identificar los llamados ñoquis”, determinó Llano.
De acuerdo a la iniciativa, deberán publicar información detallada de sus salarios los sujetos enumerados en el actual artículo 7 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información: autoridades y personal de la planta permanente y transitoria, u otra modalidad de contratación en el Estado, incluidos consultores, pasantes y personal contratado en el marco de proyectos financiados por organismos multilaterales.
La iniciativa impulsada por Llano, perteneciente al bloque de La Libertad Avanza, propone obligar a que funcionarios y empleados estatales publiquen su nombre y apellido completos con sus remuneraciones brutas y netas, viáticos, honorarios, cargo, jerarquía, dedicación horaria y si perciben asignaciones y/o remuneraciones especiales.
En comunicación con El Auditor.info, Llano detalló los alcances de la normativa inspirada en la legislación chilena. "Nuestro proyecto propone modificar el Inciso D del Artículo 32 de la Ley 27.275 para obligar a los organismos estatales a publicar información sobre su personal y sus remuneraciones, sin necesidad de que los ciudadanos la soliciten", puntualizó.
Sobre los beneficios para la ciudadanía, destacó que el cambio permitirá "combatir las prácticas clientelares, nepotismo e identificar los llamados 'ñoquis'. Además, aportará información valiosa para diseñar políticas salariales más justas".
La legisladora también señaló que la iniciativa busca "poner fin a la burocracia militante de baja calificación" y visibilizar abusos como "el otorgamiento discrecional de adicionales y asimetrías remunerativas injustificadas".
Respecto a los desafíos para su aprobación, Llano reconoció que “será necesario lograr consensos en el Congreso”. Sin embargo, se mostró optimista: "Creemos que es un paso significativo hacia una mayor transparencia que beneficiará a todos los argentinos".
El objetivo del proyecto es garantizar más transparencia estatal.
La diputada enfatizó que, además, es necesario fortalecer instituciones como la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Oficina Anticorrupción, “y contar con un Poder Judicial independiente para combatir la corrupción y la impunidad”.
El proyecto de Llano se inspira en la experiencia chilena donde, desde 2008, rige una ley similar que ha permitido mayor control ciudadano sobre el gasto público.
Acceso a la Información
En 2016, en Argentina se sancionó la Ley 27.275 que establece el acceso a la información pública. Desde entonces, se invitó a las distintas jurisdicciones a adherirse y garantizar el derecho.
En el país se puede pedir información en las instituciones estatales nacionales, de manera online o presencial, de forma gratuita en ambos casos. También se puede solicitar información a las provincias y sus organismos, pero cada una tiene una metodología diferente y aún tres provincias que no tienen legislación en la materia: Tucumán, Formosa y San Juan.
¿Qué información se puede pedir? ¿Quiénes? La información pública es aquella generada o en poder del Estado. Cualquier ciudadano argentino puede solicitar información pública sin necesidad de explicar la razón del pedido.