Publicado en el suplemento

Acciones para la Participación Ciudadana, de Diario Perfil

Una sigla, un concepto, una geografía. Este año, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ocupó un lugar central en la gestión de la pandemia. Sobre un territorio dinámico, el aislamiento profundizó viejas tensiones y debates. Límites, servicios e instituciones son algunas de las arenas de disputa. ¿Qué es el AMBA y por qué es importante hacerse esta pregunta?

Usos técnicos, institucionales y normativos transformaron al AMBA en una noción polisémica. De acuerdo al Decreto 459/2020 sobre el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el AMBA es la “zona urbana común” conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires (PBA). A decir verdad, esta delimitación coincide con lo que diferentes agencias, organizaciones y artículos definen como Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Para el investigador Leonardo Fernández, la pandemia logró patentar esta definición superpuesta del AMBA, adoptada como designación oficial sobresaliente y con un mejor impacto en su uso corriente.

En este AMBA, que representa el 0.47% de la superficie total del país, vive más de la tercera parte de la población y se concentra alrededor de un 50% del PBI. En palabras del especialista urbano ambiental Fernando Fimognare, “es la zona núcleo de la actividad económica” y, en consecuencia, “el centro de la conflictividad política y social de la Argentina”.

Su configuración encierra procesos y tensiones profundamente nacionales. El AMBA es heredero del modelo agroexportador y de la estrategia de sustitución de importaciones. Al mismo tiempo, encierra la contradicción ciudad-conurbano fruto de la naturaleza política de la federación nacional. “La definición de los límites de la Ciudad de Buenos Aires fue el corolario de cruentos conflictos que atravesaron la política argentina durante el siglo XIX y que culminaron con su federalización en 1880”, sostuvo Fernández. De este modo, las disidencias entre la Nación y la PBA desembocaron en la instauración de un orden metropolitano jurisdiccionalmente separado: la Capital Federal, con la intención de limitar el poder de la Provincia. Desde entonces, se identifican resistencias para sincerar la realidad metropolitana de una ciudad que “traspasa los límites capitalinos”, según el urbanista.

A mediados de la década del ’80, el diagnóstico sobre la realidad de la región ya era crítico. El Plan Trienal de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desarrollado por Antonio Cafiero desde el Peronismo Renovador, caracterizaba la problemática metropolitana alrededor de cinco ejes: decadencia económica y desempleo; deterioro de las condiciones de vida de la población; precario mantenimiento y escasa expansión de las infraestructuras; vulnerabilidad ambiental e ineficacia y pérdida de legitimidad del Estado.

En 2007, otro documento provincial, esta vez sobre lineamientos estratégicos para la RMBA, identificó cuestiones similares, agudizadas por las dinámicas desreguladoras de los ‘90 y el posterior estallido de la crisis política, económica y social de 2001. En aquel informe, las autoridades y técnicos provinciales agruparon lo que denominaron “problemas relevantes para el futuro de la región” en torno a tres ejes: el desarrollo económico, la estructuración del espacio urbano y la relación con el ambiente. Sin embargo, y pese a las dificultades técnicas y de financiamiento identificadas en la gestión de estas problemáticas, en la mayoría de los casos se constató que el principal obstáculo “se presenta en la ausencia, debilidad, superposición u obsolescencia de los dispositivos institucionales dirigidos al tratamiento de cada una”, planteó el informe.

Cuestión sanitaria

La pandemia puso al AMBA en el centro de la escena impulsando la coordinación interjurisdiccional entre Nación, Provincia, Ciudad y las 40 intendencias implicadas. La dinámica epidemiológica exigió “ensamblar nuevos criterios de bioseguridad para la regionalización del trabajo, el transporte, el comercio, el hábitat y, en general, las actividades de reproducción de la vida”, consideró Fernández.

Para Agustín Cesio, las agencias metropolitanas que se debaten actualmente en el Congreso de la Nación promueven un abordaje integral y un criterio decisorio unificado.

No obstante, nunca un territorio con tanto estudiado, con tanta proliferación de datos y propuestas académicas, políticas e institucionales, ocupó un lugar central “tan huérfano de instrumentos para ser gestionado”, argumentó Figmonare.

Hubo intentos. A lo largo de los años, se ensayaron diferentes planes y propuestas, “desde institutos de coordinación temática, hasta la regionalización y cuasi provincialización del territorio” consideró el urbanista. De hecho, en 1987 se creó por decreto la Comisión Nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (CONAMBA, Decreto Nº 2.064) y con ella algunos intentos frustrados de transformación institucional para abordar la complejidad del territorio, entre las que ya se proponía la subdivisión de algunos municipios.

Pero incluso dos organismos con actuación interjurisdiccional como la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) no pudieron resolver los problemas de articulación: “La CEAMSE no ha logrado que se unifique, por ejemplo, en toda su área de influencia un modelo básico y uniforme de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), quedando este tema con las discontinuidades –luces y sombras– de cada jurisdicción”, subrayó el especialista. Además, según su opinión, ACUMAR, en más de 10 años “no ha podido consolidar un Plan de Ordenamiento Territorial para la Cuenca Matanza Riachuelo”.

Con la pandemia, aparecieron nuevos ensayos. Para el politólogo Agustín Cesio, las agencias metropolitanas que se debaten actualmente en el Congreso de la Nación están bien encaminadas, ya que promueven un abordaje integral y un criterio decisorio unificado. “Las diferencias son de escala: mientras que la agencia propuesta por Sergio Massa apunta a unificar la prevención, la capacitación y el uso de tecnología con una reasignación de partidas, el proyecto de los diputados radicales Fabio Quetglas y Facundo Suárez Lastra apunta a crear un ente descentralizado interjurisdiccional que coordine todos los asuntos comunes de la región”, comparó.