Un grupo de organizaciones elaboró ​​el documento “Hacia un Acuerdo Latinoamericano por el Acceso a la Justicia”, luego de un ciclo de cuatro conversatorios en los que se discutió la situación en Latinoamérica. En el trabajo propusieron reformas para superar dificultades que impiden hacer efectivos sus derechos a comunidades y grupos vulnerables. 

La iniciativa fue impulsada por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Dejusticia, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), LABA y la Red de Empoderamiento Jurídico.

Según consta en el trabajo, la pandemia profundizó aun más las desigualdades en América Latina haciendo que los grupos vulnerables se encuentren más afectados con el aumento de la pobreza y el desempleo, y con menor protección social y sanitaria. “Si bien muchas de las problemáticas son estructurales, a partir de la crisis sanitaria las desigualdades sociales, económicas, ambientales y políticas se han incrementado y visibilizado con toda intensidad”, aseguraron.

La crisis sanitaria profundizó las desigualdades en América Latina, remarca el documento.

El resultado de encuentros y debates

Las organizaciones realizaron conversatorios con el propósito de “identificar las condiciones necesarias para acompañar, acelerar y potenciar los procesos jurídicos comunitarios”. Se realizaron durante julio. El objetivo fue también hacer un aporte a los cambios institucionales, culturales y económicos de los países latinoamericanos.

“Es nuestra intención alimentar instancias de diálogo abierto, horizontal y participativo entre organizaciones y activistas de la región sobre las temáticas de acceso a la justicia”, explicaron los referentes de las agrupaciones.

De esos encuentros resultó el documento en el que desarrollaron algunos desafíos centrales como asegurar la protección de colectivos vulnerabilizados, garantizar el acceso a asistencia legal gratuita a toda persona que lo requiera, mejorar los procedimientos judiciales, realizar cambios en el diseño institucional y generar condiciones necesarias con mayor presupuesto, independencia, descentralización, entre otros puntos.

Garantías y empoderamiento 

Uno de los puntos destacados por las organizaciones fue la necesidad de garantizarles la protección de derechos a personas o colectivos que estén en situación de vulnerabilidad. En este sentido, apuntaron a eliminar las barreras y asimetrías existentes entre los sectores de poder y el resto de la población.

“En relación a la desinformación o falta de conocimiento por parte de las comunidades, deberían buscarse los canales para que se articulen políticas públicas de amplio alcance geográfico y generar una ciudadanía que pueda apropiarse del lenguaje y las herramientas del derecho”, ampliaron.

En el documento recomendaron a los países de la región avanzar en la elaboración de leyes nacionales que contemplen el derecho y la garantía de acceso a la justicia para toda la población. En esta misma línea explicaron que “surge con claridad que es necesario que los poderes legislativos de los distintos países discutan reformas procesales con perspectiva de acceso a la justicia”.

Para las organizaciones, estas modificaciones deben “tender a facilitar y modernizar la tramitación de las causas", además de reducir sus tiempos de duración, costos y facilitar el acceso a todas las personas.

Utilización de las TICs

Para que las reformas sugeridas funcionen, las instituciones propusieron la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) “siempre que se contemple adecuadamente la gran brecha digital existente en la región” ya que es un elemento esencial “con capacidad de amplificar la difusión de información y de los canales de accesibilidad y de participación”. 

Según aclararon, con esta innovación se debería poder garantizar el acceso a la información del sistema judicial digital (legajos digitales, gestión electrónica de expedientes, consultas y respuestas vía redes sociales, gestión de registros públicos) y, si bien es un proceso que se está llevando adelante en muchos países de la región, “es necesario profundizar y acelerar”, subrayaron.

Uno de las propuestas del documento es que haya más acciones que garanticen la independencia de los magistrados.

Por otra parte, remarcaron que se necesitan más iniciativas vinculadas a asegurar una mayor independencia de parte de los magistrados, incluyendo mecanismos para asegurar que actores del poder político y/o económico no interfieran en forma indebida en la actuación del Poder Judicial.

La elección de jueces y juezas

Entre los criterios de evaluación en el marco de los procesos de selección y promoción de jueces y juezas, las organizaciones consideraron que deben ser “objetivos, prevenir arbitrariedades y considerar no sólo el conocimiento técnico de las y los candidatas/os, sino también su perspectiva de derechos, de género e interculturalidad”.

Para finalizar, exigieron  que paralelamente se garantice un presupuesto suficiente para que los organismos de acceso a la justicia puedan desarrollar sus funciones de manera adecuada, y que se implementen políticas de transparencia y rendición de cuentas sobre los fondos que se ejecuten . “La información sobre la gestión presupuestaria de los organismos públicos vinculados con el acceso a la justicia debe ser clara, detallada, completa y accesible”, concluyó.