La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) aprobó un informe sobre la gestión del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA) en materia de promoción y protección de derechos de ese sector de la población.

El estudio estuvo centrado en las tareas realizadas durante 2017. El organismo registró falta de documentación sobre casos atendidos y registros duplicados. Además se observó que se aplicaron convenios sin monitoreo, faltó recurso humano y hubo una evidente sobrecarga de trabajo.

Para desarrollar acciones de promoción de derechos en el territorio, el Consejo está descentralizado en Defensorías Zonales (DZ) ubicadas en las distintas comunas. Según la normativa, deben contar con un consejo consultivo, un equipo técnico y una unidad administrativa. Sin embargo, todos los grupos de trabajo estaban incompletos en 2017 y siguieron así hasta 2019, al momento del relevamiento de la Auditoría. En 11 defensorías había al menos un equipo incompleto. 

Por otra parte, el organismo de control constató la falta de promotores de derechos, al menos en las defensorías 3, 7, 8, 11 durante 2017. En ocho de las que sí contaban con promotor, tenían uno en lugar de dos como lo establece la Ley 114. “De hecho, las defensorías de Lugano Centro y Flores no participan en redes barriales dado que carecen de promotores”, remarcó el organismo de control.

Sobrecarga de trabajo 

La mayor demanda que reciben las defensorías zonales proviene de la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial Nacional que efectúa el seguimiento de denuncias. Otros orígenes pueden ser las escuelas o los Centros de Primera Infancia. También hay derivaciones del sistema de salud, de vecinos y de las redes barriales. En algunas defensorías, la demanda espontánea es protagonizada por adolescentes que piden asesoramiento o bien niños que se acercan denunciando situaciones de gravedad.

En este caso el hallazgo del organismo de control es que “el promedio de casos atendidos por equipo es elevado (470), resultando entre 2 y 3 veces superior al parámetro recomendado por el propio CDNNyA”. Este número indica que cada trabajador debe atender por día de año calendario un total de 1,28 expedientes y si se toma en cuenta solo los días hábiles la cifra se eleva a 1,91.

Los profesionales que integran los equipos están sobrecargados de casos y no pueden darle la atención adecuada que demanda cada uno de ellos. 

“Esta situación evidencia una sobrecarga de casos para los profesionales y equipos que integran las defensorías, a la vez que denota una reducción en los tiempos previstos para la atención de los mismos”, advierte el informe.

La sobrecarga de trabajo puede provocar Síndrome de Burnout, un tipo de estrés laboral que se manifiesta en agotamiento físico, mental y emocional, con mayor frecuencia en trabajadores que se encuentren en contacto directo con otras personas. En el informe se aclara que solo en los efectores de Flores y Lugano Oeste, las defensorías contaban con espacios de supervisión y abordaje de esta problemática. 

Sin registros no hay estadísticas

Para cada caso que se atiende en una defensoría se abre un legajo y se registra en un sistema denominado LUNNA (Legajo Único de Niños, Niñas y Adolescentes) y una copia en papel. La AGCBA remarcó que esto implica la existencia de un doble registro, no obstante también se halló que no se cargan la totalidad de acciones desarrolladas, en razón del volumen de trabajo con que cuentan, así como de la ausencia de computadoras suficientes.

Según el informe “en términos generales el relevamiento puso de manifiesto la aceptación del sistema LUNNA entre el personal pero también surge la necesidad de priorizar las acciones de atención antes que aquellas de registro”. A esto se le suma que en la mayoría de los expedientes falta adjunta la documentación, la cual queda en archivo físico. 

Estos problemas provocan que “no se tenga estadísticas confiables”, según la AGCBA. En muchos casos sucede que luego de seis meses sin accionar el sistema LUNNA, los casos se cierran digitalmente aunque continúan y solo se consignan en el legajo físico. Tal es así que la Auditoría concluyó que en el 24,6% de las situaciones analizadas hay ausencia de registros y esto “impide un adecuado seguimiento, monitoreo y supervisión del caso sobre el que se interviene”. 

Irregularidades en los convenios

En el año 2017, el CDNNyA firmó convenios con la Asociación Civil Amanecer, el Colegio Público de Abogados (CABA), la Asociación Civil El Trapito y la Fundación Margarita Barrientos. En todos los casos sucedió lo mismo “no se llevó adelante un apropiado monitoreo y supervisión de los Convenios suscritos con organizaciones de la sociedad civil”, explicó la AGCBA. 

El organismo de control explica que con la Asociación Civil Amanecer no había registro de  supervisión y monitoreo del convenio suscripto, ya que los informes fueron elaborados a partir del requerimiento efectuado por la Auditoría. Una vez que se entregó, la documentación carecía de fecha de elaboración y de recepción, firma del profesional interviniente y membrete de la organización.

Con la Asociación Civil El Trapito, los informes producidos impidieron precisar acciones concretas realizadas en el marco de las intervenciones, por lo que tampoco resulta factible constatar en este caso los recursos vertidos por la ONG en cada intervención. Además se señaló que esos documentos tampoco se encuentran firmados.

En el caso de la Fundación Margarita Barrientos, el acuerdo firmado no fija instancias de control de las actividades por las cuales se realizan las transferencias monetarias mensuales, como tampoco fija obligaciones de realizar informes. El organismo de control agrega que “del examen realizado no surge evidencia que permita verificar el cumplimiento de las acciones previstas en el marco del convenio por parte de la organización”.

Qué es el Consejo y cómo debería funcionar

El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito de la CABA fue creado tras la sanción de la ley 114 . El organismo debe encargarse de la promoción y protección integral de derechos mediante un plan que articule transversalmente la acción de gobierno en todas las áreas y enunciar los criterios para la formulación estratégica.

Del Consejo se desprenden las defensorías zonales ubicadas en las distintas comunas. Según el informe, desde allí se debe diseñar y desarrollar un sistema que defienda los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante políticas públicas, acciones interdisciplinarias y la participación de actores sociales. Las defensorías deben estar integradas por un consejo consultivo, un equipo técnico y una unidad administrativa. 

El consejo consultivo está integrado por miembros de organismos e instituciones oficiales con sede en la comuna, pertenecientes, entre otras, a las áreas de salud, educación, recreación y promoción social. También cuenta con representantes de organizaciones barriales intermedias con actuación en la zona. Son elegidos en una asamblea convocada por el equipo técnico y se renuevan cada dos años, siendo sus funciones ad honorem.

Por otro lado, el equipo técnico debe estar integrado como mínimo por un trabajador social, un psicólogo, un abogado y dos promotores de derechos de niños propuestos por las organizaciones barriales. La designación de este grupo se hace por el Consejo de acuerdo a un sistema de concursos.