USA enfrenta gastos millonarios por decaimiento de fuentes de financiación de transporte.

El Sistema de Transporte de Superficie de Estados Unidos se encuentra en la lista de “alto riesgo” para la Auditoría norteamericana (GAO) desde 2007. Recordemos que el organismo de control utiliza esta nómina para calificar a aquellas áreas que se encuentran sometidas a vulnerabilidades como fraude, abuso o mala administración y, por ende, tiene la mayor necesidad de transformación.

Desde 2007 hasta 2013, la GAO realizó 15 informes sobre el transporte en Estados Unidos, que van desde autopistas, trenes y colectivos. En su investigación, los auditores detectaron dos puntos claves: por un lado, el decaimiento de las fuentes de financiación y, por otro, un escaso rendimiento en sus programas. 

Para explicar el primer problema que enfrenta el gobierno nacional es necesario saber que el Fondo Fiduciario de Transporte es financiado por los impuestos del combustible. Pero sucede que las tasas de impuestos no aumentan desde 1993 y, debido a la inflación, los 18,4 centavos de dólar que se cobraban por galón de nafta, hoy representan un valor de de apenas 11,5 centavos de la moneda norteamericana. 

Frente a esta situación, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que desde 2012 hasta 2022 se necesitarán 110.000 millones de dólares para mantener los gastos del transporte. 

Cabe señalar que actualmente existe una nueva tendencia en Estados Unidos que hace que los habitantes gasten menos nafta y, por ende, disminuya el fondo de impuestos para financiar el Sistema de Transporte. Es que los vehículos son cada vez más eficientes y además, muchos utilizan energía solar en lugar de combustible. 

A raíz de esto, en 2012, el presidente Barack Obama firmó la Ley de Continuación para el Progreso del Siglo XXI (MAP-21), que exige a los Estados establecer medidas de rendimiento e informar sus progresos. En consecuencia, por ejemplo, las autopistas tienen siete objetivos en materia de pavimentos, puentes, lesiones, congestión de tránsito, entre otras.

Gracias a la nueva legislación, las responsabilidades de los programas de la Administración Federal de Autopistas (FHWA) se perfeccionaron en los últimos años, pero la Auditoría estadounidense sostiene que el ente en cuestión “consume mucho tiempo” y ejerce poco control, por lo cual recomienda que “algunas actividades podrían delegarse a los gobiernos locales” a fin de optimizar el transporte nacional.