Con el respaldo del oficialismo y el rechazo de la oposición, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe sobre la gestión realizada por el Gobierno para conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante junio de 2018. El organismo observó irregularidades en el destino de los fondos y señaló que se le dio otro uso al planteado frente al organismo internacional. Además advirtió sobre una falta de planificación en el manejo de la deuda a futuro. 

El período auditado abarcó desde enero de 2018 hasta diciembre de 2019. El crédito en cuestión fue de U$S56.000 millones y se acordó que sería cancelado en tres años. 

En el documento se indicó que este tipo de préstamo es conocido como puente o stand-by y está destinado a solucionar problemas transitorios de balanza de pagos. “Sin embargo el Gobierno negoció, tramitó y firmó para apoyo y fines presupuestarios, es decir, para un destino diferente a las propias regulaciones del organismo internacional”, sostuvo el auditor Francisco Javier Fernández durante la presentación. En tanto, quienes votaron en disidencia, aseguraron que el acuerdo fue firmado ante "la necesidad de dólares” y para "evitar el default”. 

Por primera vez en 30 años, la AGN analizó un préstamo del FMI. El informe contó con los votos favorables de los auditores generales Francisco Javier Fernández, Gabriel Mihura Estrada, Juan Ignacio Forlón y Graciela de la Rosa. Votaron en disidencia total Alejandro Nieva, Miguel Ángel Pichetto y el presidente Jesús Rodríguez. El análisis estuvo centrado en si la toma de la deuda cumplió con las leyes nacionales, las prácticas internacionales recomendadas por la INTOSAI y en qué se usó el dinero.

Los hallazgos del informe

Con el acuerdo, Fernández detalló que la deuda pública directa de la Argentina "aumentó un 9% en 2018, con los primeros desembolsos, y tuvo un aumento del 14% en 2019”. Y subrayó que durante el período auditado, el nivel de deuda en relación al PBI pasó del 56,5% del año 2017 al 89,8% al finalizar el 2019.

“Suscribieron este acuerdo a libro cerrado”, indicó el auditor Fernández.

Desde la AGN también indicaron que el acuerdo no fue autorizado ni suscrito por una autoridad competente sino por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. En este sentido, Fernández agregó que no se solicitó el dictamen del Banco Central de la República Argentina ni antes ni después del acuerdo, como estipula la ley sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos del país, y el acuerdo tampoco fue aprobado por decreto, tal cual lo requiere el circuito regulatorio.

Una de las observaciones de la Auditoría fue que recibieron múltiples versiones del acuerdo sin poder determinar cuál era la real, por eso no existen traducciones oficiales y tampoco fueron publicadas en medios públicos. Fernández destacó durante la presentación que al firmar el acuerdo el entonces ministro de Hacienda no efectuó el análisis técnico y subrayó que el Ministerio no dispuso de copia de los análisis realizados por el FMI sobre el riesgo fiscal, “en simples palabras firmaron, suscribieron este acuerdo a libro cerrado”, afirmó el auditor.

Cómo se usaron los fondos

En la presentación del informe realizada por el oficialismo se señaló que dos de los desembolsos del año 2018, que ascendían a U$S13.221 millones, no fueron ingresados al presupuesto de ese ejercicio, “quedando en un limbo la situación de esas divisas”, indicó Fernández y agregó que “solamente el 71% de los fondos obtenidos se destinaron a la cancelación de servicios de la deuda correspondientes al período 2018-2019”.

En este sentido, señaló que se verificó que no consta el envío al Fondo Monetario Internacional de las rendiciones de cuentas. “Esta auditoría nos dice que el monto de la deuda contraída con el FMI Internacional, dado su plazo de tres años y la moneda, equivalente en dólares, dejó la situación fiscal de la República Argentina expuesta a un significativo riesgo de devaluación de la moneda”, afirmó el auditor del oficialismo.

El auditor destacó que esta situación se suma a “la falta de solvencia para atender al resto de los vencimientos de la Argentina". En este sentido, enumeró que en 2022 vencían U$S27.171 millones sin el crédito del FMI. “Con el préstamo, los vencimientos de la deuda pasaron a 46.142 millones de dólares, un 70% más”. En tanto, en 2023, los vencimientos de deuda ascendían a U$S22.706 millones. A partir del préstamo del Fondo, estos vencimientos aumentaron a U$S41.927 millones. Esto es un aumento de compromisos de corto plazo del 85%. Mientras que para el año 2024, la necesidad de fondos para cancelar vencimientos pasó de U$S22.117 millones a U$S26.961 millones, un 22% más.

“Discrepancias absolutas”

La presentación del informe de auditoría respaldada por el oficialismo fue fuertemente cuestionada por la oposición. El auditor general Alejandro Nieva, quien votó en “disidencia total” el informe, manifestó “discrepancias absolutas” con las conclusiones. 

“Creo que el error básico, conceptual y de fondo de este informe es que está mirando una fotografía cuando en realidad acá hay que mirar una película”, expresó.

“El error de fondo de este informe es que está mirando una fotografía cuando hay que mirar una película”, señaló Nievas.

Nievas sostuvo que “los números que se han dado y las razones que se dan para aprobar el informe están basados en una visión muy corta” y que la deuda “no es un problema que podamos mirarla de manera sesgada”.

El auditor indicó, además, que hubo fallas en cuanto al criterio establecido para realizar la auditoría ya que "no se realizó un análisis de forma conjunta con distintos parámetros que podrían haber cambiado las conclusiones a las que se ha arribado”. En este sentido aclaró que  “no puede considerarse que haya un impacto adverso en la estructura de la deuda por el sólo hecho de que la tasa sea variable o por el corto plazo. Todos sabemos que esto depende de un montón de otras circunstancias”.

Sobre el supuesto incumplimiento en aspectos normativos en la firma del acuerdo con el FMI, descartó la necesidad de aplicar la resolución 108 y, en relación a la intervención del Banco Central, indicó que oportunamente se discutió la interpretación de los artículos 60 y 61 de la Ley de Administración Financiera. En cuanto a la aplicación de los fondos, destacó que “hay un criterio equivocado en el informe” sobre cómo debía realizarse. "Señalan la falta de intervención, por ejemplo, del Congreso. Todos sabemos que no era necesaria la participación del Congreso en aquel momento, que esto surge a posteriori, con una ley que se sanciona después”.

Para el auditor la toma del préstamo está argumentada. “No tenemos dólares y necesitamos imperiosamente de la ayuda del Fondo”, sostuvo y agregó que fue un acuerdo “absolutamente necesario e imprescindible”.

“Nosotros rechazamos este informe. Creemos que está sesgado, que no explica adecuadamente y que su lectura va a llevar a equivocaciones”, aseguró.

 “Nadie puede desprenderse” 

A su turno, el auditor general Miguel Ángel Pichetto, quien también se manifestó en disidencia, expresó que los gobiernos tienen que hacerse cargo de las gestiones de otros gobiernos porque existe una continuidad histórica del Estado argentino donde “nadie puede desprenderse de lo que hizo”. 

“Nunca en la historia hubo una remisión al Congreso para evaluar un endeudamiento con el Fondo", resaltó Pichetto.

Pichetto indicó que hay un montón de fundamentos que han ido contestado cuando se trató la Cuenta de Inversión y que, según su consideración, el ministro de Hacienda tenía facultades plenas para firmar el convenio. "Lo establece claramente la propia legislación", sostuvo.

“Nunca en la historia hubo una remisión al Congreso argentino para evaluar un endeudamiento con el Fondo o con algún organismo internacional”, indicó Pichetto y sostuvo que, respecto a las objeciones formales, las contestaron oportunamente. “El ministro ha firmado porque es el gobernador frente al Fondo y no pasó por el Congreso porque precisamente la Ley 24.156 establece claramente que no hacía falta”.

Además destacó que si el Congreso hubiera encontrado alguna irregularidad grave, nunca debería haber votado la renegociación. “Nosotros vamos a rechazar esto. Entendemos que hay un trabajo técnico que está hecho con enjundia, pero no hay fundamento”, indicó.

Finalmente, el auditor sentenció: “¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido el apoyo del Fondo? Es cierto que fue un crédito importante, es cierto que no tenía muchos precedentes, pero la Argentina iba al default”.