Según la Auditoría General de la Nación (AGN), no se aplicaron las multas que le correspondían a un contratista. Esto sucedió, al menos dos veces sobre distintos proyectos. Se trata de la empresa Niro Construcciones SA adjudicataria de las obras de ampliación de la Unidad Penitenciaria 31 y del Instituto Correccional de Mujeres, ambas de Ezeiza.

En el caso del proyecto de ampliación de la Unidad Penitenciaria 31, presupuestado en $ 5.310.600, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios había dispuesto una multa por la demora en el plan de ejecución de los trabajos, pero, “no surge que se haya efectuado el descuento” por la aplicación de la penalidad. Similar situación se planteó con el mismo contratista, en este caso en el proyecto de ampliación del Instituto Correccional de Mujeres, Unidad Penitenciaria 3, determinado en $ 10.471.345. El organismo de control volvió a explicar que no se pudieron encontrar “antecedentes de la efectiva aplicación de multas” por atrasos en el ritmo de avance de la obra.

Para este último proyecto, AGN efectuó otra observación: la empresa “recibió un anticipo financiero de $1.047.134,50”, sin embargo, la Auditoría no pudo constatar “la aprobación por parte del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos”. Además, tampoco se encontró la documentación “que demuestre que se haya utilizado -el dinero- únicamente para los fines previstos en el pliego (pagar equipos, materiales y gastos de movilización para la ejecución de la obra)”.

Un proyecto con imprevisiones

En el informe, aprobado este año sobre datos de 2008, el organismo de control señaló que la obra de ampliación del Instituto Correccional de Mujeres en Ezeiza registró “imprevisiones en el proyecto de licitación que originaron posteriores modificaciones al contrato”, pero además, que dicho trabajos “se ejecutaron sin contar con la aprobación formal de la autoridad competente”.

Entre las cuestiones no previstas se encuentran “las condiciones de habitabilidad de las internas”. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) advirtió, luego de la adjudicación de las obras, que “las áreas de alojamiento en dormitorios comunes no cumplían con los requisitos de superficie apta”. Los auditores destacaron que las referidas exigencias de habitabilidad estaban vigentes al momento del diseño del proyecto elaborado justamente por el propio SPF.  Finalmente se realizaron los ajustes, pero “la solución” adoptada “no jerarquizó la condición habitacional de la población penal y originó un cambio de destino para las reclusas que iban a ocuparlas”, concluye el informe.

Del mismo modo, la AGN aseguró que “no se -advirtió- la construcción de la doble alambrada perimetral”, “ineludible necesidad” a criterio de la auditoría, dado el carácter del penal que es de “alta seguridad”.  Tampoco “se contemplaron los trámites de aprobación, por parte de la Fuerza Aérea Argentina, para la reubicación del tanque de agua”, teniendo en cuenta su altura y la proximidad con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Falta un registro unificado de obras

La Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios tiene a su cargo la ejecución del plan de construcción y mantenimiento de las unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal. AGN analizó las herramientas con que cuenta dicha Subsecretaría para llevar adelante su cometido y encontró que “no cuenta con un sistema integrado de registro que le permita centralizar la información y disponer de datos actualizados y confiables” de la ejecución de los proyectos. Por el contrario, “el registro del avance físico se lleva en forma individual por los distintos agentes encargados del seguimiento de cada obra”.

Un ejemplo de esta carencia de información confiable se da con la obra del Centro Penitenciario Federal del Noroeste - Güemes, en la Provincia de Salta; presupuestada en más de $ 75 millones, registró dos “redeterminaciones de precios”. La primera, en noviembre de 2008, a 10 meses de iniciados los trabajos y, dos meses más tarde, la segunda adecuación en enero de 2009. Sobre esta última, la AGN dijo que “el monto que aparece en los certificados de obra, por  $94.271.320,44, no coincide con el monto que figura en el Acta de Redeterminación de Precios donde se consigna un monto de $ 93.894.829,44”.