Desertificación: un plan que suma beneficiarios por los “vínculos” y “el boca en boca”
El organismo de control analizó una iniciativa de Ambiente, pensada para mitigar la degradación de la tierra en el Noroeste y Cuyo, y notó que “no hay un procedimiento definido para la selección” de destinatarios y que, por eso, “no se genera un impacto significativo”.
Según datos oficiales de la Secretaría de Ambiente, de las 270 millones de hectáreas que tiene la Argentina, más de 100 millones están afectadas por distintos procesos y grados de erosión y desertificación, es decir el 37% del total.
Ante ese panorama, el Estado impulsa -en el ámbito de la mencionada área- el llamado Proyecto Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste y Cuyo, que tiene el objetivo de lograr la sostenibilidad del suelo para mitigar la degradación, mantener los servicios de los ecosistemas y mejorar los medios de vida rurales.
El problema es que, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), algunos aspectos de la iniciativa han tenido un “avance menor a lo previsto” hasta tal punto que, incluso, “se dificulta su seguimiento”, y por eso su ejecución no generó “un impacto significativo” en las zonas en cuestión.
¿De qué se trata el Programa?
La iniciativa contó con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que integra el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El préstamo en cuestión ascendió a U$S 3.515.091.
Y, justamente, la ejecución de esos recursos fue observada por la Auditoría; es que, de ese total, al momento del cierre de la investigación -aprobada este año-, “se habían financiado gastos por U$S 988.099”, lo que equivale a algo más del 28%.
El organismo de control examinó cuatro de los “productos” que conforman el Programa general: la elaboración de guías y protocolos, con la división de los terrenos en ecorregiones para clasificar áreas de degradación; la creación de Comités Multisectoriales que coordinen tareas a nivel local; las llamadas “prácticas MST”, en referencia las siglas de Manejo Sustentable de Tierras, y la asignación de recursos financieros a pequeños agricultores.
Los hallazgos
En términos generales, y más allá de la cuestión presupuestaria, el informe reveló que existió un “déficit en el registro de las acciones realizadas”.
Ejemplos de esto: “No existen bases de datos unificadas de los participantes; en Catamarca los registros son parciales e informales; se desconoce el número de beneficiarios y de hectáreas trabajadas con labranza vertical; y en Jujuy la información del listado es limitada”, enumeró el organismo de control.
Sobre los beneficiarios del Programa se encontraron otras particularidades: dice la Auditoría que “no hay registros de las características de los productores antes o durante la implementación” de la iniciativa. Es decir, no se sabe qué actividades realizan, cuántas hectáreas trabajan ni si cambia -o no- el rendimiento de esas extensiones tras la ejecución del plan.
El informe agrega que tampoco se conoce la “conformación familiar de los productores” y, en ese sentido, añade que “no se utilizó un enfoque de género e inclusión social para garantizar la participación de mujeres, jóvenes y pueblos originarios en la implementación del Proyecto”.
En cuanto a la conformación Comités Multisectoriales, la AGN marca que durante el período investigado se crearon cuatro, en Tucumán, Mendoza, La Rioja y Catamarca. Sin embargo, únicamente el cuerpo de esta última provincia se volvió a reunir de modo formal, y lo hizo solamente una vez; del resto, no hubo más novedades.
Las Cartas Acuerdo
¿Cómo se definió qué -y dónde- se ejecutaron las tareas? El organismo explicó que “la implementación de prácticas de manejo sustentable de tierras se operativizan a través de la firma de actas acuerdo (en la que se) definen sitios específicos de intervención, calendario de pagos, mecanismo de rendición de cuentas y procedimiento para evaluar el avance”, además del detalle de los trabajos y los beneficiarios.
La Auditoría detectó que se firmaron actas acuerdo en tres provincias, Jujuy, Mendoza y Catamarca y, en los tres casos se encontraron con la misma falencia: “No hay un procedimiento definido para la selección de beneficiarios”.
Ahonda el texto: “En visitas de la AGN se observó que la elección se basa en los vínculos de actores con presencia cotidiana en el territorio (en Catamarca, la Municipalidad de Fiambalá y sus delegados municipales; en Jujuy, la Secretaría de Agricultura Familiar y el INTA), con productores, y en el boca en boca.
Esta situación, para los técnicos, provoca que la iniciativa tenga un “alcance acotado” en cuanto a la cantidad de familias alcanzadas en función al número de hectáreas intervenidas, “por lo que (el Proyecto) no genera un impacto ambiental y social significativo”.
Más de un tercio de las hectáreas del país sufre algún tipo de degradación.
Volviendo a la cuestión del presupuesto, la Auditoría observó que los planes de gastos “firmados con Mendoza y Catamarca (y en menor medida el de Jujuy) son inconsistentes en cuanto al número de productores beneficiarios y el costo de las prácticas. Estos problemas de planificación condicionaron la posibilidad de su cumplimiento desde el inicio”.
Para completar, el organismo de control advirtió que las cartas acuerdo no explican detalladamente cómo deben ser los informes de avance ni las rendiciones de cuenta.
En ese sentido, la AGN se encontró con que esos informes de avance “no documentan los procesos de entrega de materiales a los beneficiarios ni la ejecución de las prácticas, sino que se focalizan en los procesos de compra e incluyen un informe narrativo de los avances realizados”.
Es por esto que los investigadores observaron “informes de avance con información distinta no solo entre provincias, sino entre las rendiciones sucesivas de una misma provincia. La corrección de las irregularidades administrativas en las rendiciones presentadas da cuenta de un aprendizaje en la práctica”, completó la Auditoría.
