El Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola (PROVIAR) “superó ampliamente la mayor parte de sus metas” concluyó la Auditoría General de la Nación (AGN) en su informe aprobado en septiembre de 2015 que evaluó la gestión del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca en la materia.

Entre las metas que justifican ese alto nivel de eficacia está “la conformación de 199 grupos asociativos y la integración de aproximadamente 2700 pequeños productores”. El trabajo de la Auditoría destaca por un lado “los beneficios cualitativos sobre la cadena vitivinícola  que tuvo la propuesta y la posibilidad compartir la exitosa experiencia”. Por el otro, “la importancia de un contrato a 10 años que más allá de ser una herramienta formal para la conformación de estructuras asociativas otorga sustentabilidad a los procesos de integración”. 

Puertas adentro, el proyecto tiene procesos críticos o primarios que lo conforman: la Admisión del Grupo Asociativo de Pequeños Productores (GAPP) que se crean y se fortalecen con la labor de Asistentes Técnicos (AT) a través de la elaboración y ejecución de Planes Integrados de Negocios (PIN).

Al respecto, la AGN destacó “los resultados obtenidos en la conformación y el funcionamiento de los GAPPsy el posterior desarrollo de los PINs, lo que da cuenta un alto nivel de integración de los pequeños productores aun cuando no pueda medirse la productividad por hectárea y la unidad bruta actual por hectárea porque las metas estaban establecidas para 2017”.

Entre los años ‘70 y ‘90 se produjeron cambios en el sector vitivinícola que provocaron la reducción de la superficie cultivada “concentrándose la renta en la comercialización en desmedro de la etapa productiva”, lo que generó una “caída del consumo por la baja participación en el mercado interno”.

En este marco, en 2009, nuestro país obtiene un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender los costos de ejecución del PROVIAR, como parte del Plan Vitivinícola 2020, a fin de “darle mayor competitividad y sustentabilidad a los pequeños productores intentando revertir su sistemática desaparición”.

Este proyecto, que la AGN evaluó entre marzo de 2009 y julio de 2014, abarca a las provincias de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Río Negro, Salta, San Juan y Mendoza, siendo estas últimas las de mayor cantidad de viñedos y superficie vitivinícola.
 
El Estado nacional aportó U$S 25 millones mientras que el BID desembolsó U$S 50 millones. Sobre el crédito público la Auditoría entendió que “es un endeudamiento de calidad porque la inversión fue para resolver un problema grave, tanto sectorial como regional”.

Sin embargo, el organismo de control señala que “puede darse una sobreestimación de la efectividad del PROVIAR” ya que se trabajó con una población de entre 8 mil y 8,5 mil pequeños productores y no de entre 10 y 11 mil como surge del Informe Inicial. Por ello, la efectividad alcanzada por el Proyecto, en relación a la situación de origen, está sobreestimada porque alcanzaría al 41% de calcularse sobre los 8mil, pero bajaría a 33% de tomarse en relación a los 10 mil.

A mejorar

Pese a que el informe es elogioso, la AGN también realizó algunos llamados de atención.

Por un lado, “se incumplió con las metas de Dirigentes y Técnicos Capacitados y con los Proyectos Gremiales Financiados” ya que se alcanzaron grados de ejecución del 42% y del 45% respectivamente. Por el otro, “la ejecución del proyecto no guardó proporción en relación a las jurisdicciones según estaba planificado”.

A estas observaciones se suma que “la Asistencia técnica evidenció condicionamientos cualitativos ya que faltan, en la conformación de los equipos interdisciplinarios, profesionales de las ciencias sociales y humanas”. Además, detectó limitaciones cuantitativas ya que “la insuficiente cantidad de supervisores de ATs dificultó el trabajo en fincas”.

En cuanto al alcance del PROVIAR la AGN manifestó que “no tiene un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que funcione plenamente para elaborar los informes de Seguimiento y Evaluación del Proyecto”. De hecho, el SIG fue implementado dos años después de iniciado el plan y no contiene, por ejemplo, información financiera”.

Por último, en cuanto a la apertura de datos, la página web del programa “no  se encuentra actualizada ni presenta todo el contenido previsto en el reglamento operativo para una adecuada transparencia y difusión”.